Luego de que la mañana del miércoles la justicia allanara sin éxito la casa familiar del presidente de Perú, Pedro Castillo, en busca de su cuñada, Yenifer Paredes, acusada de corrupción, horas más tarde decidió entregarse ante las autoridades, informó su abogado.
“Les ha tomado por sorpresa (a los fiscales) la entrega de mi patrocinada (Yenifer Paredes), estamos en el interior de la fiscalía” confirmó el abogado José Dionisio a una radio local.
Sobre Yenifer Paredes, que considera a la pareja presidencial como “sus padres”, existe desde el martes una orden de detención preliminar por 10 días por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos, que según la justicia, estaría dirigida por el presidente peruano.
“Con coraje y valentía, (ella) se encuentra en la fiscalía”, agregó el abogado destacando la decisión de la joven de 26 años. Paredes se presentó en la sede central del Ministerio Público.
La inesperada entrega dio un giro a este caso, luego que la justicia allanara la casa familiar del presidente en el norte de Perú en busca de su cuñada.
El domicilio de Castillo en Chugur, provincia de Chota, fue registrado sin lograr hallar a la cuñada, indicó temprano a la AFP una fuente policial de ese poblado de la región de Cajamarca, a unos 800 km al norte de la capital.
“Acaban de entrar a mi domicilio”, dijo en Lima durante un acto público el mandatario, un maestro rural y sindicalista de 52 años que llegó al poder hace un año.
Los operativos estrecharon el cerco judicial contra el presidente de izquierda, que afronta junto a su esposa hasta cinco investigaciones fiscales, una situación inédita para un presidente en ejercicio.
La Corte Superior de Justicia había autorizado el martes el requerimiento fiscal para el allanamiento debido a que la cuñada de Castillo señaló hasta tres domicilios en sus documentos de identidad.
Una fuente policial de Chota aseguró a la AFP que el operativo se realizó con fiscales y policías de Lima “para evitar filtraciones” y protestas entre lugareños.
Por este caso Yenifer Paredes ya había sido citada a declarar ante el Ministerio Público y a comparecer ante una comisión de control del Congreso peruano, a mediados de julio.
El operativo en Palacio de Gobierno no tuvo precedentes en la historia peruana, donde jamás la justicia había ingresado a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona.
Otra de las sorpresas de la jornada fue la inesperada renuncia del abogado de Castillo y su esposa a seguir defendiéndolos.
“No voy a señalar las razones de mi renuncia”, dijo por la tarde a periodistas el abogado Benji Espinoza, que invocó el secreto profesional para evitar detalles.
No obstante, el defensor dijo que existía “un linchamiento porque nunca un presidente ha sido investigado por la justicia”.
De su lado, la presidenta del Congreso, Lady Camones, pidió a Castillo permitir a la fiscalía investigar a su entorno.
“El país necesita respuestas claras sobre cada uno de los actos de corrupción que involucrarían al presidente Pedro Castillo, a su familia y a sus funcionarios más cercanos”, tuiteó la jefa del Congreso.
“De los actos de investigación y diligencias realizadas se advierte la existencia de una organización criminal dedicada a la comisión de diferentes modalidades delictivas”, dice la resolución del juez de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, Raúl Justiano Romero, que autorizó el allanamiento y detención de la cuñada.
Según el documento judicial, difundido por la prensa, Castillo es el presunto jefe de esa supuesta organización criminal, su esposa Lilia Paredes uno de los “coordinadores” y la cuñada uno de sus “testaferros”.
La cuñada de Castillo es la cuarta persona del entorno presidencial investigada por corrupción.
Castillo cumplió en julio un año en el poder, y además del cerco judicial ha enfrentado dos intentos de destitución del Congreso, y cuenta con una desaprobación de 74% en la opinión pública, según encuestas.
Los otros colaboradores de Castillo procesados son un sobrino que fungía de asesor y el exministro de Transporte, ambos prófugos de la justicia, y un exsecretario presidencial.
Este último se entregó la semana pasada y busca llegar a un acuerdo de colaboración con la fiscalía para reducir eventuales penas por los presuntos delitos.
La primera dama Lilia Paredes también compareció el mes pasado ante una comisión de investigación parlamentaria. Sin embargo, la esposa del presidente se negó a responder a los legisladores “por recomendación de mi abogado”.
Lilia Paredes ya había declarado ante el ministerio público por el mismo caso, respondiendo todas las preguntas.
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