La nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), liderada por Norma Solano Rodríguez, inició actividades el 17 de octubre de 2025, pero lo hizo con el pie izquierdo. Este organismo sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y depende de la Agencia de Transformación Digital (ATDT). Su misión es supervisar el espectro radioeléctrico, los servicios satelitales y las telecomunicaciones en México.
Desde su arranque, la CRT ha causado controversia al señalar que el costo del espectro radioeléctrico en el país se sitúa un 7% por debajo del promedio internacional. Esta afirmación contradice las conclusiones del IFT, que, desde 2023, destacó que los costos en ciertas bandas de frecuencias para servicios de telecomunicaciones móviles superaban el promedio internacional en hasta un 96%.
La CRT no solo desafía al IFT, sino que ignora la realidad del sector, reflejada en decisiones recientes de empresas como AT&T y Telefónica, que devolvieron parte o la totalidad de su espectro debido a los altos costos. Esto ha llevado a una caída significativa en la recaudación fiscal, que se redujo de 19,980 millones de pesos en 2019 a 16,776 millones en 2024, lo que también desincentiva la participación en licitaciones, como la IFT-10 de 2021.
The Competitive Intelligence Unit, liderada por Ernesto Piedras, indica que los datos presentados por la CRT buscan distorsionar la realidad. Su análisis señala que varias bandas críticas todavía presentan precios más altos que sus referentes internacionales. Afirmativamente, sostienen que el régimen actual de derechos anuales en México es uno de los más caros del mundo, desalentando la inversión y erosionando la base fiscal.
El boletín emitido por la CRT, que contradice estas evidencias, no alterará la situación que ha persistido durante décadas en el país. Sin embargo, es crucial que se implemente una estrategia que contemple la reducción de tarifas y costos, además de ofrecer descuentos por inversión, para revertir las consecuencias negativas sobre el sector.
La industria ha advertido que, de continuar con las tarifas actuales, solo una de las empresas tendrá la capacidad de mantener su espectro. Esta problemática ha sido documentada por varias entidades, incluyendo la Asociación del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSMA) y la OCDE.
Sin una revisión exhaustiva del régimen fiscal relacionado con el espectro radioeléctrico, México podría perder tanto recursos fiscales como oportunidades de avanzar en la transformación digital, cerrando la persistente brecha de conectividad en el país. Esto es crítico, especialmente si se considera que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca promover la digitalización y el acceso a internet para todos los mexicanos.
En otro ámbito, la presidenta Sheinbaum reafirma su decisión de trasladar los vuelos exclusivos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, argumentando que se trata de una “decisión soberana e irrevocable”. Hoy, se reunirá con empresas de carga para abordar el impacto de las sanciones impuestas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, que han afectado nuevas rutas comerciales y vuelos combinados desde el AIFA y el AICM.
La situación en el sector de las telecomunicaciones y la aviación en México sigue evolucionando, con un desafío constante por equilibrar intereses económicos y demandas de transformación digital. Veremos cómo se desarrollan los próximos eventos en este contexto complejo.
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