Con gritos de “Berta no murió, Berta se hizo millones”. Decenas de indígenas y simpatizantes de Berta Cáceres celebraron a las puertas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. La condena contra David Castillo Mejía como coautor del homicidio de la ambientalista en marzo de 2016.
Las siete condenas conocidas hasta el momento por su asesinato escalaron este lunes un poco más al señalar directamente a la empresa DESA. Encargado de la construcción de la hidroeléctrica y a su directivo, aunque la pena impuesta se conocerá el 3 de agosto, anunció el tribunal.
David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue detenido en marzo de 2018 en el Aeropuerto de San Pedro Sula, cuando intentaba salir de Honduras. Castillo era un exoficial de inteligencia del Ejército hondureño entrenado en Estados Unidos. Y presidía la hidroeléctrica DESA que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la represa Agua Zarca. A la que se oponía Cáceres por considerar que causaba daños al medio ambiente. El tribunal concluyó que Cáceres fue asesinada por liderar la campaña para detener la construcción de la presa. Lo que generó retrasos y pérdidas financieras para la empresa.
Hasta ahora se había condenado a siete personas por ser los actores materiales pero en esta ocasión se incluye a un alto ejecutivo. El tribunal tuvo en cuenta los mensajes y llamadas que David Castillo intercambió tanto con lo sicarios como los directivos de la empresa antes. Durante y después del asesinato de la activista. Las conversaciones demuestran que Castillo estaba claramente definiendo los planes, la logística y el pago del crimen, sentenció el tribunal.
La defensa de Castillo se había defendido alegando que era amigo de Cáceres. Pero el tribunal concluyó que Castillo mantuvo ese contacto solo para obtener información sobre sus paradero y sus movimientos. Según la sentencia, Castillo es “coautor” del asesinato lo que anima a los activistas a perseguir a la familia Atala Sabla, dueña de DESA, a quienes consideran culpables de estar al frente de la “estructura criminal que dirigió el asesinato”.
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Su hija Berta Zuñiga Cáceres valoró la sentencia de este lunes como una “victoria popular y un paso para frenar la impunidad”, dijo a las puertas del tribunal. Según su hija, “el fallo significa que las estructuras de poder no lograron corromper la justicia” y anunció que ”la causa no termina con esta resolución sino que se encamina para llevar ante la justicia a la familia Atala”. Al conocer la sentencia, Berta Zúñiega insistió en uno de los reclamos de los indígenas: “la cancelación de la construcción de la hidroeléctrica así como desmontar las redes crimínales que han quedado expuestas durante el juicio a Castillo”.
En la misma dirección, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). La ong que dirigía Berta Cáceres, insistió en que la condena contra Castillo “debe ser el inicio del proceso para juzgar a las personas involucradas en el crimen”.
Para el abogado de la familia Cáceres la sentencia “supone una importante victoria ya que se logró reconstruir el asesinato, señalar a los culpables, evidenciarlos y llevarlos ante la justicia”, dijo su abogado Victor Fernández.
En 2017, DESA envío un mensaje a este periódico en el que afirmaba que estaba “completamente desvinculada”. La Fiscalía de Honduras, sin embargo, afirmó en su acusación de 2018 que Castillo, entonces presidente ejecutivo de DESA, pidió al jefe de seguridad de la empresa, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudió a un viejo amigo del Ejército, el mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pagó hasta 2.200 dólares (1.986 euros) para cometer el crimen, según la Fiscalía.
