México deberá buscar a las personas desaparecidas con presunción de vida, y garantizar políticas públicas uniformes para la búsqueda sistemática y efectiva y remover los obstáculos que impide la judicialización.
Como parte de estas observaciones hechas por el Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por su sigla en inglés) que emitió al Estado mexicano en abril del 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitirá una recomendación general sobre el tema antes del último bimestre del año.
Además, propondrá una macropolítica focalizada en el tema de desaparición forzada para el cumplimiento ordenado y progresivo de las acciones específicas y recomendaciones que emita para establecer estándares de cumplimiento asociado a los criterios de las Naciones Unidas y las leyes mexicanas.
Para ello, recaba información de los colectivos de familias de personas desaparecidas de Jalisco, y de otras entidades federativas, asimismo, se busca unificar los protocolos y las acciones de búsqueda en Columna Digital.
Ante un tema de desaparición generalizada y que ocurren en un territorio con repercusiones en otro, esto es, una persona desaparece en Tijuana, pero se vio con vida en Jalisco o viceversas, visitadores del organismo nacional han estado en territorio jalisciense para consolidar esta macropolítica de recomendación.
De acuerdo con un informe del organismo nacional, el territorio jalisciense demanda acciones focalizadas ante el incremento de casos, el cual se refleja en las estadísticas nacional al ocupar los primeros lugares por el número de personas desaparecidas y sustraídas.
Además, se señala que las cifras de desapariciones en la entidad son mayores; el miedo, la no denuncia, la desconfianza, revictimización y criminalización se genera un panorama oscuro de la realidad.
Otro aspecto, que se ha observado es el quehacer institucional sin cumplir con los estándares internacionales como la actualización de la base de datos y la falta de acceso a la información.
Se advierte en el documento del organismo que “el proceso de denuncia es quizás más tortuoso o tan tortuoso como el fenómeno de la desaparición misma”, mientras que los Colectivos han sentenciado que es “un daño sobre otro daño”.
En esta macropolítica que emitirá, la CNDH busca una coordinación interinstitucional de los tres niveles gobiernos traducida en acciones eficaces de corto y mediano plazo; establecer políticas públicas con un contexto intersectorial y transversal con indicadores y resultados para que las acciones sean eficaces.
Además, las acciones y estrategias deberán estar armonizadas con los estándares de las Naciones Unidos y de los protocolos homologados en materia de búsqueda de personas bajo el estatus del derecho supremo que es la vida, y no solo en realizarlo en los Semefos.
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