En un escenario devastador, Colombia enfrenta una tragedia sin precedentes tras un terremoto de magnitud 7.4 que ha dejado un saldo alarmante de 265 fallecidos, 496 desaparecidos y más de 25,800 familias afectadas. El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto con la promesa de no aumentar impuestos, anunció la declaración de emergencia económica como respuesta inmediata a esta crisis.
La emergencia, que puede extenderse por un máximo de 90 días, permite al mandatario modificar el presupuesto y establecer nuevos impuestos sin la necesidad de pasar por el Congreso. De la Espriella, en una conferencia de prensa, destacó la difícil situación fiscal que atraviesa el país, describiéndola como “la más compleja en la historia republicana”, con un alto nivel de endeudamiento y una tesorería en crisis.
Como parte de su plan para atender a los damnificados, el gobierno creará un fondo que se nutrirá de aportes tanto nacionales como internacionales, destinado a la reconstrucción de infraestructuras críticas como hospitales, centros educativos y vías de comunicación, además de los cinco aeropuertos afectados. El presidente también anunció subsidios para el alquiler y el pago de servicios públicos de aquellos que han perdido sus hogares.
Las localidades más impactadas por el desastre son Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. A medida que las operaciones de rescate avanzan, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó la urgencia de los esfuerzos en un momento crítico, donde las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso del tiempo.
En medio de este caos, el gobierno ha desmentido rumores sobre rechazos a ayudas internacionales por razones ideológicas. El canciller Omar Bula aseguró que se están aceptando donaciones de diversos países, incluyendo México, que ha enviado un avión con 58.5 toneladas de víveres y medicinas, así como assistencias de naciones como El Salvador, Alemania, y España. Sin embargo, el gobierno de De la Espriella solo está permitiendo la llegada de equipos de rescate de naciones como Estados Unidos, Ecuador e Israel, que cuentan con reconocimiento internacional.
Es notable que el grupo Topos Tlatelolco no fue solicitado por el gobierno colombiano, a pesar de que sus protocolos siguen normas internacionales. En contraste, el grupo Topos Azteca sí logró participar, aunque su presencia puede no haber sido completamente reconocida por la administración actual.
En esta emergencia, Colombia enfrenta la necesidad de no solo reconstruir infraestructuras, sino de unir esfuerzos en un momento crítico que demanda solidaridad y acción decidida. La respuesta gubernamental a esta crisis será fundamental para el bienestar inmediato de miles de personas afectadas y la recuperación a largo plazo del país.
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