De ordeñadores a dueños de refinerías

Hoy en día, la lucha contra el robo de hidrocarburos ha evolucionado de la simple ordeña de ductos a un modelo industrial sofisticado que involucra plantas ilegales capaces de almacenar, separar y procesar combustibles robados. Estas instalaciones, con un alto grado de inversión y personal calificado, operan en varios estados de México, incluyendo Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos. Sorprendentemente, aunque se han realizado recientes aseguramientos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), aún no se han reportado detenciones.

Las instalaciones aseguradas presentan características que delatan su operatividad clandestina: tanques de gran capacidad, tuberías, motobombas, sistemas de calentamiento y áreas específicas para la separación de hidrocarburos, con un potencial para almacenar miles de litros. Algunas de estas plantas, como una descubierta en San Luis Potosí, funcionaban previamente con permisos para la producción de biocombustibles. Sin embargo, se cree que estas instalaciones han sido coaccionadas a procesar productos derivados del crimen organizado.

Un aspecto alarmante es el uso de documentación fraudulenta. Según un superintendente de Pemex, se ha identificado que los combustibles ingresan al país con documentos falsos, como aceites o aditivos, lo que les permite evadir impuestos. Esta estrategia facilita que los hidrocarburos robados se mezclen y se redistribuyan, incluso hacia estaciones de servicio legales, exponiendo la magnitud del problema.

Un caso notable es el de la refinería en Reynosa, Tamaulipas, donde se han estado procesando miles de barriles de hidrocarburos a escasos kilómetros de una base de la Guardia Nacional. Este fenómeno pone de manifiesto cómo el crimen organizado ha cambiado su estrategia. Ahora operan en el ámbito industrial, lo que les otorga una menor exposición a operativos de las autoridades. Expertos en el sector energético, como Gonzalo Monroy de la consultora GMEC, subrayan que los poliductos son rigurosamente monitoreados, mientras que los oleoductos presentan un área de mayor libertad para la actividad delictiva.

Históricamente, el robo de petróleo no tenía un mercado definido, pero con el desarrollo de estas instalaciones, los delincuentes ahora pueden procesar crudo, mezclándolo con etanol y otros destilados intermedios para su comercialización. Además, se ha evidenciado que estas operaciones emplean infraestructura camuflada, como complejos industriales situados cercanos a ductos y refinerías. Contratan, además, a personal con experiencia previa en el sector petroquímico, incluyendo aquellos que han perdido su empleo.

Se estima que estas actividades ilícitas requieren la complicidad de funcionarios para poder operar sin inconvenientes, resaltando un amplio sistema de corrupción que permite la continuidad de estas prácticas delictivas. La situación sigue siendo crítica y las autoridades deberán implementar medidas más contundentes para enfrentar esta creciente amenaza al sector energético del país.

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