Durante más de siete décadas, México experimentó un régimen político dominado por el PRI, un partido que mantuvo el control absoluto de la vida política del país. Sin embargo, en 1963 se gestó un cambio significativo con la implementación de una reforma electoral que buscaba abrir espacios para la representación de diversas voces políticas. Esta reforma introdujo la figura de los “diputados de partido”, permitiendo que líderes de diferentes partidos, que no habían conseguido ganar distritos electorales, pudieran acceder a la Cámara de Diputados. Esto se lograría si un partido político nacional obtenía al menos el 2.5 % de los votos totales, lo que le otorgaría derecho a obtener cinco diputados, aumentando de a uno más por cada medio punto porcentual adicional.
Este avance supuso en su momento un rayo de esperanza para minorías políticas, a pesar del autogobierno que el partido hegemónico ejercía sobre los recursos públicos y de su utilización del aparato de seguridad en ocasiones para reprimir a la oposición.
La reforma de 1972 continuó en esta línea, disminuyendo el porcentaje necesario para acceder a estos diputados a un 1.5 %. Sin embargo, las condiciones seguían siendo adversas, dificultando aún más la participación de la oposición política.
Más tarde, en 1977, se llevó a cabo una reforma que estableció un nuevo modelo electoral. Esta reforma introdujo la elección de 300 diputados por mayoría relativa y hasta 100 por representación proporcional a través de listas regionales, sentando las bases para una mayor pluralidad política en el país. No obstante, el partido del estado seguía dominando en el Colegio Electoral, el órgano encargado de calificar las elecciones.
El proceso de reformas continuó en 1986, ampliando el número de diputados de representación proporcional a 200 y permitiendo que todos los partidos políticos pudieran acceder a estos, no solo aquellos de menor tamaño. Se estableció un límite de 350 diputados que un solo partido podía alcanzar a través de ambos principios electivos.
Entre 1990 y 1994, se realizaron reformas adicionales que marcaron la conformación del sistema electoral vigente hoy en día. Estas incluyeron el acceso a la representación plural en el Senado y la creación de un órgano electoral autónomo, así como un Tribunal Federal Electoral con un sistema legal de impugnaciones.
El sistema electoral mexicano ha sido forjado a partir de la experiencia de un régimen de partido hegemónico, convirtiéndose en una respuesta necesaria a una sociedad cada vez más plural y demandante de un sistema democrático. Sin embargo, la cultura democrática en el país aún necesita ser fortalecida. Se requiere no solo de instituciones, sino de ciudadanos convencidos de la importancia de la democracia en la práctica, más allá de las teorías.
Recientemente, se ha mencionado la posibilidad de convocar a una nueva reforma electoral que puede poner en entredicho aspectos fundamentales como los diputados de representación proporcional y las prerrogativas partidistas. Es crucial recordar que el sistema electoral actual no es el resultado de ocurrencias recientes, sino de un arduo proceso de lucha por la apertura política que ha permitido la participación de ciudadanos de diversas posturas.
Es imperativo que cualquier propuesta de reforma que afecte la representación de minorías no esté justificada únicamente por la mayoría, ya que esto pondría en riesgo los principios democráticos y constitucionales que han sido ganados con esfuerzo a lo largo de los años. La riqueza de la pluralidad en la política debe ser conservada y promovida, garantizando que todas las voces sean escuchadas.
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