Tras cuatro meses de polémica, el plan de la derecha andaluza (PP, Cs y Vox) para aumentar los cultivos intensivos de regadío junto a Doñana ha decaído este lunes debido a la convocatoria de elecciones autonómicas, al disolverse el Parlamento. La reserva y su acuífero declarado “sobreexplotado” por el Gobierno, al que dañaría el aumento de 1.400 hectáreas para invernaderos y sus ulteriores derechos de agua, obtienen un respiro hasta al menos después del verano. Entonces se constituirá de nuevo la Cámara y se medirá la representación de las nuevas fuerzas políticas, que decidirán si es sostenible aumentar los invernaderos de fresas, que se nutren de las aguas subterráneas de la reserva.
Desde que el pasado enero se presentó la reforma legal, las voces críticas han alertado del deterioro del acuífero, con niveles cada vez más bajos por la falta de lluvias, así como la caída progresiva de ejemplares en especies de fauna y flora en unos humedales declarados reserva de la Biosfera por la Unesco. Este organismo internacional intentó hacer que los diputados andaluces retiraran su plan, pero no dieron su brazo a torcer hasta que este lunes la cita con las urnas ha pospuesto su intención de aumentar los cultivos de frutos rojos, algunos de los cuales se riegan con pozos ilegales que esquilman el acuífero.
La proposición de ley autonómica de los dos partidos que gobiernan la Junta (PP y Ciudadanos) y la ultraderecha ha provocado un rechazo generalizado: la Comisión Europea, el Gobierno, la Unesco, 25 sociedades científicas y 1.109 investigadores, 23 cadenas de alimentación europeas y comercializadoras, la oposición política andaluza y los agricultores legales, que ven peligrar sus derechos de agua consolidados. Mientras que Bruselas amenazó a España con imponerle multas millonarias tras la condena del Tribunal de Justicia de la UE, el Ministerio para la Transición Ecológica llevó el plan andaluz al Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Hace un mes, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, admitió el “desgaste” de su Gobierno ante la oposición frontal y las críticas severas desde Madrid, París y Bruselas.
“El plan ha supuesto una ruptura en el territorio como nunca antes, quitar la paz por una guerra innecesaria. Entre los agricultores se ha abierto una brecha muy difícil de cerrar, con amenazas y posturas enfrentadas, todo para generar falsas expectativas. Es una buena noticia que no se apruebe, pero habría sido mejor su retirada después de que los partidos dieran marcha atrás, no por que no diera tiempo”, critica Felipe Fuentelsaz, coordinador de agricultura en el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Esta organización ecologista señala que para proteger Doñana solo cabe presionar a las instituciones y a los mercados que compran el producto a los agricultores onubenses. “Nuestra hoja de ruta es clara: seguiremos informando a la Comisión Europea, a la Unesco y a los supermercados, que pueden comprobar si sus proveedores son legales. Y a todos los que estén fuera del plan [de la Junta de 2014], que no tengan al consumidor europeo como destino”.
La iniciativa decaerá automáticamente, como otras muchas que están aún en discusión y pendientes de aprobación. Pero el PP, principal impulsor de la medida, mantiene que volverá a presentarla una vez se constituya la nueva Cámara andaluza. La proposición de ley para dar una nueva vuelta de tuerca a la ordenación de los regadíos en cinco municipios de Huelva, situados en el entorno del parque nacional, fue aprobada el pasado febrero con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, y la sorprendente abstención del PSOE. Se empezó a tramitar por la vía de urgencia que acorta los plazos a la mitad, por lo que de no haber elecciones anticipadas, la ley se hubiera aprobado en el mes de junio.
La entrada en vigor de la ley estaba prevista para el 1 de enero de 2023. Y esa meta es a la que se propone llegar el PP, según afirmó días atrás el portavoz del grupo popular, José Antonio Nieto. “Somos coherentes con lo que defendemos”, aseguró. No obstante, este dirigente no aclaró si la ampliación de regadíos en el entorno de Doñana se incluirá de manera expresa en el programa electoral de su partido. Moreno se ha comprometido este lunes a volver a presentar en el Parlamento las iniciativas decaídas con las elecciones anticipadas, aunque no ha concretado cuáles.
Una de las consecuencias más graves derivadas de la reforma legal ha sido la guerra abierta entre los agricultores de la zona, que se han dividido en dos bandos. “El enfrentamiento entre agricultores viene porque con la ampliación se disputa el agua que existe. Con el trasvase previsto por el Gobierno [pendiente de realizarse], las captaciones legales habrían sido sustituidas por aguas superficiales y nosotros no nos habríamos sentido perjudicados directamente”, alega Manuel Delgado, portavoz de la asociación de agricultores Puerta de Doñana, contraria al plan de los partidos de la derecha.
El PP abanderó esta iniciativa, entre otros motivos, por el temor a la penetración de Vox en los municipios freseros de Huelva. También esa inquietud fue la que llevó al PSOE a ponerse de perfil y a avalar con su abstención una ampliación de suelos para el regadío. La decisión del PSOE no fue compartida por todo el grupo parlamentario, aunque ningún diputado rompió la disciplina de voto. Tampoco la conocía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien llegó a pedir explicaciones al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, por el voto complaciente de los socialistas.
Juan Antonio García, secretario de agricultura del PSOE andaluz y alcalde de Bonares, uno de los municipios afectados, censura el plan de la derecha a pesar de la abstención del grupo parlamentario socialista: “Estamos indignados porque esto ha supuesto un engaño. Estaba claro que era un instrumento electoral que ha situado a la comarca en el candelero tras la oposición de la comunidad científica y el eco de los medios europeos. Era muy descabellado, una cacicada”.
Moreno, que repite en sus discursos que es un amante de la naturaleza, lanzó hace dos años y medio su “revolución verde” que, sin embargo, no ha tenido ninguna medida de calado. La primera iba a ser la ley de economía circular, pero su adelanto electoral ha evitado que la norma se apruebe por solo una semana. Si el presidente hubiera fijado la cita con las urnas el 26 de junio, se habría aprobado en el último pleno previsto, pero la táctica electoral ha pesado más.
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