Decenas de miles de israelíes protestan contra el plan de Netanyahu para aumentar su control sobre la justicia | Internacional

Decenas de miles de personas se manifestaron la noche del sábado en la ciudad israelí de Tel Aviv contra una batería de cambios en el sistema judicial planteada por el nuevo Gobierno de Benjamín Netanyahu que amenaza con reducir sustancialmente las facultades del Tribunal Supremo. Los críticos ven esta reforma como un intento de debilitar las instituciones democráticas del país y socavar su equilibrio de poderes.

La movilización, que también tuvo lugar en otras ciudades como Jerusalén y Haifa con una asistencia mucho más reducida, representa la última muestra de la fuerte polarización política en Israel y de la amplia oposición articulada frente a Netanyahu. El incombustible político retomó el cargo de primer ministro a finales de diciembre al frente del Ejecutivo más a la derecha de la historia del país y con una cómoda mayoría parlamentaria a sus espaldas.

Los cambios que planea el Gobierno, y que fueron presentados el pasado miércoles por el ministro de Justicia, Yariv Levin, contemplan conceder al Parlamento y al Ejecutivo un mayor control sobre el poder judicial, en particular sobre el Tribunal Supremo, bajo el pretexto de que posee demasiada influencia. Sin embargo, los críticos ven en los cambios una ofensiva para limitar la independencia y las prerrogativas del tribunal, y alertan de que allanan el camino a la corrupción y a un mayor retroceso de los derechos de las minorías.

Reaccionando a las protestas, Netanyahu ha publicado un mensaje en las redes sociales este domingo en el que afirma que hace dos meses se produjo en Israel “la madre de todas las manifestaciones”, en referencia a las “millones de personas” que “salieron a la calle para votar en las elecciones” legislativas celebradas a principios de noviembre. El primer ministro ha añadido que “una de las principales cuestiones” por las que el bloque conservador obtuvo la victoria electoral fue la reforma del sistema judicial. “Hemos recibido un mandato, ¡y lo cumpliremos!”.

El aumento de la tensión desatado por el nuevo Gobierno israelí en sus primeros días en el cargo y sus planes de adoptar amplios cambios en el sistema judicial están también incrementando la presión sobre el presidente del país, Isaac Herzog, que este domingo ha expresado su preocupación por una polémica que cree que está “desgarrando a la nación”.

Herzog ha asegurado estar centrado en lidiar con dos cuestiones “críticas”: “evitar una crisis constitucional histórica y detener la división de la nación”. También ha reconocido que la última semana ha trabajado para crear un diálogo amplio y respetuoso, pero ha admitido no estar seguro “del éxito de la iniciativa”.

Entre las modificaciones planteadas por el Gobierno figuran la de conceder al Parlamento el poder de anular sentencias del Tribunal Supremo con una mayoría simple, otorgar al Ejecutivo el poder para nombrar a sus jueces, y retirarle la potestad de bloquear decisiones ejecutivas que considere no razonables, según han recogidos medios del país. También se contempla que los asesores jurídicos del gabinete sean cargos políticos con menor poder.

El impulso de estos cambios por parte del Gobierno se produce mientras el Tribunal Supremo israelí estudia una petición para anular el nombramiento de uno de sus ministros, el ultraortodoxo Aryeh Deri, con motivo de una condena reciente por fraude fiscal por la que recibió una pena de prisión suspendida. Los cambios también podrían beneficiar al propio Netanyahu, que está siendo actualmente juzgado por corrupción.

“Golpe mortal a la independencia judicial”

Entre los críticos con las intenciones del Gobierno figura la propia presidenta del Tribunal Supremo, Esther Hayut, que el jueves afirmó, en un discurso televisado recogido por medios locales, que esta reforma “asesta un golpe mortal a la independencia del poder judicial”. La ofensiva legal del Ejecutivo se produce además en un contexto de crecientes ataques contra fiscales y abogados involucrados en juicios por corrupción, en particular aquellos de alto interés público, según declaraciones del fiscal general del estado, Amit Eisman, recogidas por el periódico Haaretz.

Las manifestaciones celebradas el sábado fueron convocadas por organizaciones de la sociedad civil y apoyadas por las principales formaciones de la oposición del país. Medios locales situaron la participación en unas 80.000 personas, aludiendo a estimaciones de la policía, mientras que los organizadores elevaron la cifra a más de 100.000. Entre ellos se encontraron algunos líderes políticos de la oposición, como el exministro de Defensa y presidente del partido Unidad Nacional, Benny Gatz, los presidentes de las formaciones palestino-israelíes de la Lista Árabe Unida, Mansour Abbas, y la coalición Hadash-Taal, Ayman Odeh, y la presidenta del partido laborista, Merav Michaeli.

Uno de los discursos más aplaudidos durante la manifestación en Tel Aviv, según los medios israelíes, fue el de la exministra de Justicia Tzipi Livni, que acusó al Gobierno de ir a la guerra contra las propias instituciones democráticas para gobernar sin restricciones. Livni consideró asimismo que unas elecciones no otorgan al Ejecutivo el poder de destruir la democracia, y afirmó que están protegiendo la patria frente a ellos.

Otras cuestiones conflictivas en la agenda del nuevo Gobierno incluyen el fomento de las colonias ilegales en la Cisjordania ocupada, la gestión de la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, el aumento de subsidios a estudiantes de centros de estudios religiosos, una regulación más estricta sobre el derecho de inmigración de judíos convertidos a través del movimiento reformista, y su política con los palestinos y el colectivo LGTBI.

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