Decisión sobre tarifas en EE.UU. permite reembolsos millonarios.

El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declara ilegales los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump, representa un verdadero punto de inflexión en su estrategia económica y exterior. Esta decisión, resaltada por el exdirector del Banco Mundial y profesor en la Universidad de Georgetown, Marcelo Giugale, despoja al expresidente de una herramienta clave que utilizó para presionar a otros países en temas comerciales y políticos.

Trump había asumido la capacidad de imponer tarifas de importación a su discreción, lo que le otorgaba un poder significativo en el ámbito de la economía global y la política exterior. Este control fue cuestionado por dos pequeños importadores, quienes argumentaron que tales aranceles son esencialmente impuestos y, por lo tanto, deberían ser establecidos solo por el Congreso. La Corte, en una resolución que establece un claro límite a las atribuciones presidenciales, falló a favor de los demandantes, subrayando la distinción fundamental entre una democracia y una monarquía.

Como respuesta a esta decisión, Trump invocó rápidamente otra disposición legal para reinstaurar aranceles globales, aumentando inicialmente la cifra del 10% al 15% al día siguiente. Esta reacción apresurada ha generado inquietud sobre el proceso de toma de decisiones en su administración, evidenciando un potencial desorden.

Giugale destaca que esta nueva base legal requiere que se pruebe la existencia de un déficit en la balanza de pagos que sea “grande y grave”, una condición que, según él, no se satisface. Además, señala que la aplicación del arancel del 15% solo tendría un límite de efectividad de 150 días, abriendo la puerta a una posible nueva serie de litigios. Durante este periodo, tanto exportadores como productores nacionales podrían enfrentar incertidumbre, afectando inversiones y contrataciones debido a la fluctuante política económica.

Otro aspecto crítico es el reclamo de reembolsos por parte de los importadores que pagaron tarifas antes del fallo judicial, que podrían sumar alrededor de 200 mil millones de dólares. Este monto, equivalente a cerca de medio punto del Producto Interno Bruto estadounidense, añade un nivel adicional de tensión fiscal.

A pesar de estos desafíos, Giugale subraya que el arancel del 15% se cobrará mientras la orden ejecutiva esté vigente, afectando a la mayoría de los importadores, aunque eximiendo algunos productos bajo tratados comerciales existentes.

En un análisis más amplio, Giugale advierte que esta serie de eventos podría llevar a una normalización de políticas económicas que se asemejan más a las de economías emergentes que a las de potencias avanzadas. Tal enfoque podría resultar en un aumento de costos, disminución de la eficiencia y un incremento en la corrupción.

Aunque existen sectores específicos donde la protección podría estar justificada, en términos generales, el especialista concluye que “las tarifas son malas noticias”. Este episodio no solo refleja un cambio en la política económica de Estados Unidos, sino que también plantea serias preguntas sobre la gobernabilidad y el futuro de la política comercial en el país.

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