Definen estrategias de transición en la Corte

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ha sostenido recientemente una reunión formal con Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo del máximo tribunal constitucional de México, quien asumirá su cargo el 1 de septiembre. Este encuentro es un paso crucial en la transición de la Corte, donde se han delineado líneas de trabajo para asegurar la continuidad en la administración de justicia y la certeza jurídica para los ciudadanos.

El comunicado oficial señala que el diálogo fue “abierto, cordial, fructífero y con un ánimo de transparencia”, reflejando la importancia de estos encuentros en el contexto actual del sistema judicial. En este sentido, se ha conformado un grupo de trabajo que incluye a destacados miembros de la Corte, quienes tienen la responsabilidad de elaborar informes detallados sobre la entrega de recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales. Estos informes serán presentados a Aguilar Ortiz justo antes de que la actual integración del tribunal finalice sus funciones.

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Cabe mencionar que Aguilar Ortiz se convertirá en el primer presidente de la Corte electo por voto popular en la historia del país, lo que marca un hito significativo en el ámbito judicial de México. Su tarea será garantizar una transición adecuada y la recepción de los informes necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos.

En un contexto paralelo, el pleno de la Corte ha declarado la validez de dos artículos del Código Territorial y Urbano del Estado de Zacatecas, los cuales exigen a los propietarios de lotes baldíos, construcciones inconclusas y viviendas abandonadas mantener estos espacios en condiciones adecuadas. Esta resolución, que forma parte de la acción de inconstitucionalidad 63/2024 promovida por el Poder Ejecutivo Federal, busca mitigar los riesgos ambientales, de seguridad y de salud pública que derivan de propiedades descuidadas.

La multa contemplada por el incumplimiento varía entre 50 y 10,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y el ponente Alberto Pérez Dayán ha subrayado que esta disposición no es inconstitucional. Estos cambios legales son una medida proactiva en la lucha contra problemáticas asociadas al deterioro urbano.

La información reseñada es relevante para entender el contexto actual de la justicia en México y las acciones de la SCJN hacia un futuro más claro y comprometido con la ciudadanía. Las decisiones tomadas no solo impactan a los involucrados en el sistema judicial, sino que también repercuten en la calidad de vida de todos los mexicanos.

Este panorama nos invita a reflexionar sobre el papel crucial de la justicia y la ley en la sociedad, y sobre cómo las nuevas administraciones están configuradas para enfrentar desafíos fundamentales que afectan a toda la población.

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