En un significativo paso hacia la revitalización de su industria energética, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el 12 de marzo de 2026 un convenio con las compañías Repsol de España y Eni de Italia. Este acuerdo tiene como objetivo ampliar un proyecto gasífero en el que las empresas están involucradas desde 2009, lo que marca un hito en la cooperación internacional en el sector energético del país sudamericano.
El nuevo entendimiento se enmarca dentro de la reforma petrolera impulsada por Rodríguez, la cual fue motivada por la presión del gobierno de Estados Unidos tras una incursión militar que afectó al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de este año. Esta reforma busca abrir las puertas al financiamiento privado, disminuyendo el control del estado sobre la industria, un área que ha sido estrictamente regulada desde su nacionalización en 1976, y que ha visto reducciones en la supervisión estatal desde la era de Hugo Chávez.
Rodríguez enfatizó que el acuerdo no solo asegura el abastecimiento de gas en el país para el desarrollo interno y el consumo doméstico, sino que también facilita la expansión hacia la exportación, un sector clave para el futuro económico de Venezuela. Aunque no se revelaron detalles específicos sobre las proyecciones de producción o inversiones, la mandataria transmitió un mensaje de optimismo y colaboración internacional desde Caracas, asegurando que Venezuela está lista para comprometerse con futuros proyectos que beneficien a todas las partes involucradas.
Este convenio será ejecutado a través de la empresa Cardón IV, en la que participarán Repsol, Eni y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Las operaciones se centrarán en el yacimiento gasífero Perla, ubicado en el Golfo de Venezuela, uno de los mayores de la región, con una capacidad estimada de 580 millones de pies cúbicos de gas al día, según datos de Repsol.
No es la primera vez que el país garantiza la recepción de inversiones extranjeras en su sector gasífero, ya que la semana anterior se había firmado otro acuerdo con la compañía británica Shell. A pesar del embargo energético impuesto por Estados Unidos desde 2019, el Tesoro estadounidense ha comenzado a emitir licencias que permitirán a multinacionales como Shell, Repsol, Eni, BP y Chevron operar en el país, lo que refleja un cambio pragmático en la política exterior hacia Venezuela.
En un contexto aún más amplio, los secretarios estadounidenses de Interior y de Energía han visitado recientemente Venezuela, lo cual subraya un interés renovado en la reapertura del mercado energético del país. Mientras tanto, el Parlamento venezolano se encuentra en proceso de aprobación de una nueva ley de minería que busca fomentar la inversión privada.
A medida que Venezuela busca recuperar su estatus como potencia energética mundial, el cierre de acuerdos con gigantes internacionales es un paso vital hacia la revitalización y sostenibilidad de su industria gasífera, prometiendo, no solo avances en el abastecimiento interno, sino también en el fortalecimiento de sus vínculos comerciales internacionales.
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