Una coalición de estados liderados por demócratas en Estados Unidos ha presentado una demanda contra la administración de Donald Trump, cuestionando la nueva orden que prohíbe que las clínicas ofrezcan atención médica de afirmación de género a menores. Este caso, llevado por funcionarios de California y otros 15 estados junto con el Distrito de Columbia, busca impugnar una orden ejecutiva que califica el tratamiento como “mutilación química y quirúrgica”.
Firmada en enero, la directiva presidencial instruye al Departamento de Justicia a investigar a los profesionales que proporcionan este tipo de atención, incluso en los contextos donde es legal. Rob Bonta, fiscal general de California, ha expresado su preocupación, señalando que los “incesantes ataques” de la administración hacia la atención de afirmación de género pueden comprometer la salud y el bienestar de adolescentes ya vulnerables. Ha denunciado que las exigencias para que profesionales de la salud discriminen a personas transgénero y les nieguen el acceso a cuidados necesarios son “crueles e irresponsables”.
El Departamento de Justicia, el mes pasado, informó haber emitido más de 20 citaciones a médicos y clínicas que ofrecen tratamiento a adolescentes transgénero. Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, comentó que los profesionales médicos que “mutilaron a niños” por razones ideológicas enfrentarán consecuencias.
La demanda, que se presentó en un Tribunal de Distrito en Massachusetts, sostiene que las acciones del gobierno federal son infundadas y carecen de respaldo legal suficiente, instando a que sean declaradas ilegales. Según Bonta, esta situación ha generado un efecto disuasorio que presiona a los proveedores a limitar su oferta de atención por miedo a represalias legales, dejando a muchos sin el apoyo crítico que necesitan.
Los debates sobre los derechos LGBTQ+ han cobrado relevancia en el país, y la presidencia de Trump ha sido marcada por una significativa concentración en lo que él ha denominado “ideología woke”. Desde sus primeras acciones en el cargo, el presidente ha declarado que el gobierno federal únicamente reconocerá la existencia de dos géneros y ha implementado un conjunto de decisiones que impactan negativamente a las personas transgénero.
Una de las medidas más controversiales fue una orden ejecutiva en febrero que busca prohibir la participación de atletas transgénero en competiciones, permitiendo que las agencias federales retengan financiamiento a instituciones que no disciernan el sexo con base en el género asignado al nacer.
La coalición que respalda la demanda incluye a estados como California, Nueva York, Massachusetts, Illinois, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Míchigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island, Wisconsin, Pensilvania y el Distrito de Columbia. Esta acción se enmarca dentro de una tendencia más amplia hacia la movilización legal de estados demócratas que buscan desafiar lo que consideran un abuso de poder por parte de la presidencia.
La actualidad sobre este caso, junto con la situación de los derechos LGBTQ+ en Estados Unidos, continúa siendo un tema crítico que despierta interés y moviliza tanto a defensores de los derechos humanos como a quienes se oponen a tales cambios legislativos.
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