Padres y madres de estudiantes que ingresan a la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez, han alzado la voz ante actos graves de tortura y maltrato durante el curso de inducción de la institución. El 28 de julio, estas familias se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Chiapas, exigiendo una investigación exhaustiva y el fin de las controvertidas novatadas que, según aseguran, han vulnerado los derechos de sus hijos.
Los padres narraron que durante un periodo de 15 días, los estudiantes se hallaron bajo estrictas restricciones, incluyendo la prohibición del uso de teléfonos celulares. Los testimonios revelan condiciones adversas: los alumnos habrían estado sometidos a actividades físicas extremas y, en algunos casos, sufrieron deshidratación y desmayos. Además, se denunciaron restricciones específicas para las alumnas que pasaban por su periodo menstrual, lo que provoca aún más preocupación entre los familiares.
Un padre, José Núñez, compartió la angustiante experiencia de su hija de 18 años, quien, tras sufrir maltratos físicos y psicológicos, fue abandonada en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Afortunadamente, recibió asistencia de otros ciudadanos antes de ser trasladada a un hospital.
“Nos maltrataron a nuestros hijos… nos dijeron que iban a estar en manos seguras, pero han sido lacerados en sus derechos,” lamentó Núñez, reflejando la frustración de muchos padres en una situación alarmante. Las familias han formado un comité para presentar una denuncia colectiva y han solicitado a la Secretaría de Gobierno de Chiapas que tome medidas adecuadas, incluyendo la reubicación de los estudiantes en otras instituciones.
Este contexto se da en medio de un renacer del debate sobre las novatadas en las instituciones educativas. Cabe recordar que, tras la muerte de un estudiante en la Normal Mactumactzá en 2018, la Secretaría de Educación de Chiapas instó a las escuelas normales rurales a prohibir estas prácticas, subrayando la urgencia de establecer un entorno educativo seguro y respetuoso.
Dadas las serias alegaciones presentadas, la expectativa está centrada en cómo las autoridades responderán ante este llamado a la acción y la responsabilidad que tienen de proteger el bienestar de los estudiantes.
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