El 2 de agosto de 2026, la periodista Estefanía Galicia Argumedo, conocida por su trabajo en Radio Zapote y Sueña Dignidad, vivió un momento aterrador cuando su vivienda, ubicada en la alcaldía Xochimilco, fue objeto de un ataque con arma de fuego. Mientras ella se encontraba fuera de su hogar, desconocidos dispararon contra la estructura, dejando daños visibles, incluyendo una ventana rota en la habitación del hijo de su pareja y un proyectil incrustado en uno de los muros.
El ataque no solo dejó un saldo material, sino que también subraya un alarmante contexto de riesgo al que están expuestos los periodistas en la Ciudad de México. La organización Propuesta Cívica A.C. ha enfatizado que esta agresión no puede ser tratada como un suceso aislado. Diversas autoridades han documentado previamente el peligro que enfrenta Galicia debido a su labor informativa.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en su Recomendación 1/2026, ha confirmado la existencia de una situación de riesgo para la reportera. Por si fuera poco, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) tiene en curso una investigación relacionada con agresiones sufridas por Galicia en el ejercicio de su profesión, que también involucran abusos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Además, en un contexto que preocupa aún más, el 11 de junio de 2026, la periodista recibió mensajes intimidatorios a través de las redes sociales, haciendo alusión directa a su trabajo. Este patrón de hostigamiento sugiere que la reciente agresión podría ser una extensión de esos antecedentes de amenazas.
Ante estos hechos, Propuesta Cívica ha exigido medidas de seguridad eficaces del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Se requiere que se implementen de inmediato para salvaguardar no solo la vida de Estefanía Galicia, sino también la de sus seres queridos.
El clima de violencia y riesgo hacia los comunicadores en la región es innegable, y la necesidad de proteger a quienes informan sobre realidades complejas y difíciles se vuelve más urgente en este contexto. La integridad y la libertad de expresión están en juego, y la sociedad debe estar atenta a estos acontecimientos que amenazan no solo a las personas, sino también al propio ejercicio del periodismo.
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