La reciente visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha puesto de relieve la inquietante situación que enfrentan los migrantes en México. Organizaciones no gubernamentales han denunciado que la política migratoria del país se centra en una estrategia de contención, lo que ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones, secuestros y trata de personas.
Un informe elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho revela que el uso creciente de las fuerzas armadas, incluyendo el Ejército y la Guardia Nacional, en el control migratorio ha conllevado de manera alarmante actos de violencia, incluso ejecuciones de migrantes, cuyas autorías permanecen en su mayoría impunes. Esta situación ha convertido a las personas migrantes en “blancos privilegiados” del crimen organizado, destacándose en delitos tan graves como el tráfico, el reclutamiento forzado y la trata de seres humanos.
Un aspecto crítico de la denuncia es la existencia de un subregistro de la violencia contra migrantes. Aunque no se disponen de cifras oficiales completas, datos de la Secretaría de Gobernación revelan que entre 2016 y febrero de 2026 se documentaron al menos 2,121 casos de tráfico de personas, con 743 secuestros y 223 casos de trata. A estas cifras se añaden los hallazgos de un monitoreo hemerográfico realizado por ONG, que identificaron 1,834 agresiones contra migrantes entre enero de 2025 y abril de 2026, desglosadas en 796 casos de tráfico, 570 secuestros, 50 casos de trata y 22 desapariciones.
La falta de datos certeros se convierte en una barrera para entender la magnitud de esta crisis. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 409 migrantes desaparecidos desde 2003; sin embargo, la Organización Internacional para las Migraciones documentó 5,495 migrantes fallecidos o desaparecidos en su camino hacia Estados Unidos entre 2014 y 2025. A esta angustiante cifra se suman informes de fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República, que reflejan cientos de casos adicionales, mientras que organizaciones de familiares en Centroamérica han reportado más de 1,000 desapariciones.
Esta alarmante situación resalta la necesidad urgente de adoptar políticas integrales que no solo aborden la contención de la migración, sino que garanticen la seguridad y los derechos humanos de quienes arriesgan sus vidas en busca de un futuro mejor. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos tienen el deber de seguir monitorizando esta crisis y exigir acciones efectivas por parte del gobierno mexicano para combatir el crimen organizado que atenta contra los migrantes y asegurar su protección y dignidad.
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