Tras la presentación del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, diversas organizaciones civiles han expresado críticas significativas hacia la política de seguridad y justicia en el país. Estos grupos subrayan que, a pesar de algunos avances, se continúan observando rezagos estructurales, manipulación de cifras y un alarmante incremento en la militarización de las fuerzas de seguridad.
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) ha resaltado que la militarización, que se sostiene mediante la Guardia Nacional y la constante utilización de las Fuerzas Armadas, contradice el discurso oficial sobre la atención a las causas de la violencia. La organización ha advertido sobre el riesgo de que nuevas atribuciones otorgadas a instituciones de inteligencia puedan vulnerar la privacidad de ciudadanos, incluyendo a periodistas y defensores de derechos humanos.
Además, se ha señalado que el gobierno federal manipula la presentación de estadísticas relacionadas con la violencia y los delitos de alto impacto. Mientras que la presidenta Sheinbaum reportó una disminución del 25% en homicidios dolosos al comparar julio de 2025 con septiembre de 2024, un análisis más exhaustivo revela que la reducción real es, en realidad, del 12% al comparar los diez primeros meses de su mandato con el mismo periodo anterior.
Por otro lado, Causa en Común ha informado sobre las alarmantes condiciones de las policías estatales, donde aproximadamente la mitad carece de sistemas de carrera profesional y enfrenta serias deficiencias en equipamiento, infraestructura y seguridad social. Entre octubre de 2024 y agosto de 2025, se registraron 69 movilizaciones de policías, incluidas 35 paros laborales, provocados por situaciones laborales críticas. Durante este mismo lapso, al menos 338 agentes fueron asesinados, lo que indica la grave peligrosidad de su labor.
Asimismo, se denunció que las fiscalías estatales continúan bajo la influencia de los gobernadores, lo que afecta la independencia de los fiscales. Las debilidades en la formación del personal, la opacidad en los controles de confianza y la falta de transparencia en las sanciones disciplinarias son preocupaciones constantes en este contexto.
El reporte también resalta anomalías en las estadísticas oficiales, sugiriendo que podrían existir omisiones y reclasificaciones de delitos para favorecer una imagen de disminución en las cifras de violencia. En estados como Colima, Chihuahua y Morelos, donde se ha informado de caídas en homicidios dolosos, también se han observado aumentos en homicidios culposos y otras categorías de delitos.
Esta compleja situación evidencia la necesidad de una evaluación crítica y transparente de las políticas de seguridad y justicia en México, y resalta el llamado urgente a abordar los problemas estructurales que afectan a estas instituciones fundamentales.
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