En México, el salario mínimo ha experimentado un crecimiento notable desde 2016, pero este avance se ha acentuado aún más desde 2019, gracias a la implementación de la Nueva Política de Salarios Mínimos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Este movimiento ha permitido que, entre 2016 y 2026, el salario mínimo real incremente un 165%. Actualmente, el salario mínimo se establece en 315.04 pesos diarios (cerca de 9,582 pesos mensuales) en el resto del país, mientras que en la frontera norte la cifra asciende a 440.87 pesos diarios (aproximadamente 13,400 pesos mensuales).
El respaldo a esta política es amplio, dado el consenso en torno a la necesidad de restaurar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Los incrementos en el salario mínimo han mostrado efectos positivos en el ingreso de los hogares y en la reducción de la pobreza. Sin embargo, los beneficios de esta medida no se distribuyen equitativamente entre toda la fuerza laboral. Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), el ajuste para 2026 beneficia de manera directa a solo 8.5 millones de trabajadores, lo que representa apenas el 31% de las 60 millones de personas ocupadas en el país.
A pesar de estas mejoras en los ingresos, el impacto ha generado una presión financiera significativa para el sector privado. Estos costos adicionales se suman a otros desafíos estructurales que enfrenta el empresariado en México, como la inseguridad, el aumento en las cuotas de seguridad social, la rigidez laboral y la constante fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Una solución para garantizar un incremento sostenible en los ingresos de los trabajadores es la elevación de la productividad nacional. Cuando las empresas son capaces de generar más bienes o servicios con los mismos recursos, aumentan su rentabilidad, lo que les permite ofrecer mejores salarios de manera duradera. Sin embargo, los datos recientes muestran que los aumentos salariales de los últimos años no han ido acompañados de una mejora en la productividad. De acuerdo con el Índice Global de Productividad Laboral del INEGI, la productividad en México ha disminuido un 6.4% entre 2016 y 2025, colocando al país en el tercer lugar más bajo en términos de productividad laboral entre los miembros de la OCDE, solo por encima de Costa Rica y Colombia.
La OCDE señala que los niveles de productividad están relacionados con la dimensión empresarial; las grandes compañías tienen más capacidad para invertir en innovación y tecnología. En contraste, el entramado empresarial mexicano está dominado por las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan el 99.8% de los negocios y muchas de las cuales operan en condiciones de subsistencia. Además, los sectores que concentran la mayor parte de la ocupación, como el comercio y los servicios privados no financieros, son aquellos que aportan un menor valor a la economía.
Ante este panorama, resulta crucial que el Gobierno Federal ponga la productividad como una prioridad estratégica a mediano y largo plazo. Las distorsiones actuales del mercado laboral, donde más de la mitad de la población trabajadora está en la informalidad, limitan el acceso a salarios dignos y a protección social adecuada.
Por otra parte, la inversión es el pilar fundamental para aumentar la productividad. Actualmente, el esfuerzo recae principalmente en el sector privado, que representó el 19.4% del PIB en 2025, mientras que la inversión pública se situó en un escaso 3%. Esto indica la urgencia de que el Estado refuerce su participación en infraestructura y desarrollo económico.
El camino a seguir implica establecer un entorno propicio para que las empresas inviertan, crezcan y se formalicen. Es hora de avanzar hacia aumentos salariales sostenibles, fundamentados en el crecimiento de la productividad, y dejar de depender de incrementos anuales que solo trasladan costos sin abordar los problemas estructurales que aquejan a la economía.
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