Los programas sociales del Bienestar han cobrado un protagonismo significativo en la agenda del Gobierno Federal en México, tanto en administraciones pasadas como en la actual. Sin embargo, diversos estudios y especialistas advierten que estos programas no forman una solución efectiva para la reducción de la pobreza.
A menudo, los programas sociales son utilizados por gobiernos populistas como herramientas para acumular poder y legitimidad. La cuestión es si realmente logran atenuar la pobreza y la desigualdad en el país.
México se destacó por ser pionero en la implementación de programas sociales en 1997, con el lanzamiento de Progresa. En 2019, Andrés Manuel López Obrador, presidente y fundador de Morena, sustituyó este programa por los programas para el Bienestar, ganando popularidad, especialmente entre los adultos mayores. La intención detrás de estos programas es mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, ofreciendo apoyos económicos. Sin embargo, los datos sugieren que no han cambiado de manera efectiva las condiciones de vida en el país.
Entre los programas activos actualmente se encuentran Salud casa por casa, Pensión Mujeres Bienestar, Beca Rita Cetina y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros. A pesar de la aparente reducción en los índices de pobreza desde 2018 —del 42% al 36% en 2022, según Coneval—, especialistas como Axel González señalan que este descenso se atribuye más a un aumento en los salarios que a los beneficios de los programas sociales.
Además, la proporción de personas que viven en pobreza extrema aumentó del 7% al 7.1% en el mismo periodo, lo que destaca una realidad preocupante. La informalidad laboral también ha crecido, dejando a más ciudadanos sin acceso a seguridad social. Este contexto revela que, aunque el gasto en programas sociales es significativo, puede ser más efectivo enfocar los esfuerzos en el crecimiento económico, la inversión en servicios públicos y mejoras salariales para una reducción sostenible de la pobreza.
En investigaciones adicionales, como la de Susan Parker de la Universidad de Maryland, se ha evidenciado que la eliminación de programas anteriores, como Prospera, provocó un aumento en las tasas de abandono escolar, afectando a jóvenes en edades críticas. Este hecho es alarmante en un país que lucha contra la criminalidad juvenil.
Los programas para el Bienestar consumen aproximadamente el 12% del presupuesto federal, siendo casi el 60% destinado a la pensión universal, un gasto que podría aumentar debido al envejecimiento de la población. Mientras tanto, el presupuesto para la atención sanitaria ha sido inferior al 1% para 2025.
El enfoque del Gobierno Federal en los programas sociales para frenar la pobreza enfrenta desafíos significativos, especialmente considerando factores externos, como posibles aranceles o los bajos ingresos fiscales que podrían comprometer la política populista actual.
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