La gestión de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero fue uno de los desafíos más dolorosos y persistentes del pontificado del Papa Francisco. Aunque se convirtió en el primer pontífice en adoptar reformas estructurales para combatir estos crímenes, sus esfuerzos no lograron calmar del todo la indignación de las víctimas, ni eliminar las críticas hacia el manejo institucional del problema.
Desde el inicio de su papado en 2013, Jorge Mario Bergoglio intentó abordar de frente los abusos. En 2014, creó una comisión internacional para la protección de menores, conformada por expertos laicos y religiosos. Sin embargo, su funcionamiento fue duramente criticado por falta de transparencia y claridad en la toma de decisiones. La renuncia en 2023 del jesuita Hans Zollner, uno de sus miembros más influyentes, evidenció las grietas internas de esta iniciativa.
Uno de los momentos más críticos fue su visita a Chile en 2018. En un viaje considerado como un punto de quiebre en su papado, el Papa defendió inicialmente a un obispo acusado de encubrir abusos, lo que provocó un escándalo internacional. Ante la presión pública y el testimonio de las víctimas, Francisco rectificó y pidió perdón, enviando posteriormente a un investigador al país. El episodio derivó en dimisiones dentro de la Iglesia chilena.
Ese mismo año estalló el caso del cardenal estadounidense Theodore McCarrick, acusado de agresiones sexuales. Francisco lo expulsó del colegio cardenalicio y luego del sacerdocio, en una decisión sin precedentes. En 2020, el Vaticano publicó una investigación sobre el caso, admitiendo errores en las altas esferas, aunque eximiendo al Papa argentino de responsabilidades directas.
En 2019, convocó a una cumbre sin precedentes con representantes de todas las conferencias episcopales del mundo para tratar la protección de menores. En ese contexto, Francisco anunció una política de “tolerancia cero” y eliminó el secreto pontificio para casos de abusos, lo que permite que los documentos internos puedan ser compartidos con las autoridades civiles, aunque sin establecer una obligación explícita de denuncia.
Las reformas continuaron con el motu proprio Vos Estis Lux Mundi, que hizo obligatorio reportar dentro de la Iglesia cualquier caso sospechoso de abuso o encubrimiento. En 2021, también se reformó el código penal canónico con nuevos artículos sobre delitos sexuales.
A pesar de estos avances, las víctimas han seguido lamentando que la Iglesia no obligue a reportar los casos ante las autoridades civiles, salvo donde la ley nacional lo exija. Además, el secreto de confesión sigue siendo intocable, incluso en casos de abusos.
A lo largo de su papado, Francisco se reunió con víctimas en varios países, pidió perdón en repetidas ocasiones y denunció públicamente los “crímenes abominables” cometidos dentro de la Iglesia. No obstante, nunca admitió que el problema tuviera raíces “sistemáticas” en la estructura eclesiástica, lo cual fue motivo de crítica por parte de organizaciones civiles.
Casos recientes, como el del sacerdote esloveno Marko Rupnik —acusado por religiosas de abusos sexuales y psicológicos—, continuaron empañando los últimos años de su pontificado. Bajo presión, el Papa levantó la prescripción canónica en 2023 para permitir un juicio, pero el caso se convirtió en un recordatorio de los límites y contradicciones de la Iglesia frente a estos delitos.
Aunque Francisco fue el pontífice que más acciones emprendió para combatir los abusos sexuales, su legado en esta materia queda como una promesa en parte cumplida, marcada por importantes avances legales y simbólicos, pero también por omisiones, lentitud institucional y una falta de reconocimiento pleno del carácter estructural de la crisis.
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