En México, un asombroso 81.7% de los ciudadanos entre 61 y 70 años posee al menos un producto financiero. Esta cifra se eleva a un impresionante 95.6% para quienes superan los 71 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 del Inegi. Sin embargo, este elevado nivel de inclusión está acompañado de retos significativos dentro del sistema financiero.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha identificado problemas que van desde la brecha digital y la accesibilidad en la atención, hasta una creciente vulnerabilidad ante fraudes. La brecha tecnológica es especialmente preocupante en regiones rurales, donde la alfabetización digital es considerablemente inferior a la de las áreas urbanas. Según la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, el acceso a internet cae a un 57.8% en el grupo de edad de 65 a 74 años, en contraste con más del 94% en quienes tienen entre 15 y 44 años.
La definición oficial de “persona adulta mayor” en México, según la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece que se considera a aquellos individuos de 60 años o más. Sin embargo, Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef, sugiere que esta definición ha quedado desactualizada. Con el aumento de la esperanza de vida—que pasó de 74.8 años en 2016 a 75.9 años en 2026—y de la actividad productiva en la vida laboral, la percepción de la edad para ser considerado parte de este grupo debería ajustarse.
En un sondeo realizado por OCC en 2025, el 59% de los encuestados opina que las personas trabajan más allá de los 60 a 65 años, lo que subraya la necesidad de revisar cómo se estructuran los servicios financieros para esta población. Mientras tanto, las estadísticas revelan que el 30% de los adultos mayores con celular realiza operaciones bancarias a través de aplicaciones, aunque hay un 31% que cuenta con ayuda de terceros para llevar a cabo estas transacciones.
El tema de fraudes es otro aspecto alarmante. Durante los primeros siete meses de 2026, los fraudes dirigidos a adultos mayores aumentaron un 12.5%, con un notable número de reclamaciones, de las cuales 9,037 correspondieron a personas de 60 a 69 años. A la lista de posibles atacantes se suman delincuentes, funcionarios desleales en instituciones bancarias, e incluso familiares.
Para abordar estas preocupaciones, la Condusef estableció en 2022 las “10 Principios Básicos a Observarse en la Atención de las Personas Adultas Mayores en el Sector Financiero”. Este conjunto de directrices busca garantizar un trato digno y accesible, aunque su implementación no es obligatoria, sino voluntaria. Hasta ahora, siete afores, seis bancos y varias compañías de seguros han colaborado, recibiendo así una insignia que certifica su compromiso con la atención a esta población.
A medida que el sector financiero se enfrenta a estos desafíos, la comunicación y la educación sobre fraudes se vuelven esenciales. Las campañas informativas buscan proteger a los adultos mayores, quienes merecen un sistema financiero que les proporcione no solo acceso, sino también seguridad y confianza en el manejo de sus recursos.
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