Desafíos y controversias del Poder Judicial 2025

El 1 de septiembre de 2025 marcó un acontecimiento sin precedentes en la historia judicial de México: se llevó a cabo la instalación de la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegida por voto popular. Este hecho inédito representa un intento por restaurar la confianza de la ciudadanía en un sistema judicial que ha enfrentado severos señalamientos de corrupción e impunidad.

La jornada inició con un ritual indígena en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México, donde danzas y el uso de copal dieron una carga simbólica a la entrega del “bastón de mando”, símbolo del poder auténtico y del compromiso con los pueblos originarios. El nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, un jurista mixteco de Oaxaca, se erige como el segundo indígena en liderar el máximo tribunal, un hito comparable solo con Benito Juárez en el siglo XIX.

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Posteriormente, los nueve ministros y ministras se presentaron ante el Senado para rendir protesta. Sin embargo, la ceremonia estuvo marcada por tensiones políticas, con una notable ausencia del PRI y el abandono del recinto por parte de la bancada del PAN, quienes manifestaron su rechazo al nuevo modelo judicial.

Aguilar, en un acto simbólico por la noche, abrió las puertas de la sede de la Corte en la calle Pino Suárez, proclamando que el tribunal estará “totalmente abierto” para el pueblo.

Esta nueva SCJN está compuesta por nueve integrantes, disminuyendo de once, y cuenta con figuras tanto electas en procesos previos como en la reciente elección. Perfiles reconocidos como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz buscan extender su permanencia en el tribunal mediante una reforma que permite mandatos entre 15 y 17 años. Junto a ellos, nuevos ministros como Sara Herrerías, María Estela Ríos y Giovanni Figueroa, entre otros, aportan frescura a este cambio.

Sin embargo, este estreno de la Corte se produce en un contexto de importantes cuestionamientos. Solo el 13% del padrón electoral participó en las elecciones para sus miembros, lo que ha suscitado dudas sobre la legitimidad del proceso. Opositores y organizaciones civiles han señalado irregularidades y conexiones entre algunos jueces electos y el crimen organizado. Por su parte, el partido oficialista Morena y sus aliados defienden la elección como un paso indispensable para “sanear” al poder judicial.

Las innovaciones en el funcionamiento de la SCJN son notables. La institución instaurará sesiones itinerantes, llevando audiencias a diversas regiones del país, especialmente a comunidades indígenas y afromexicanas, en colaboración con autoridades locales. También dará prioridad a asuntos fiscales y penales, que son los que mayor rezago presentan. Además, se desarrollará un sistema automatizado para ofrecer trazabilidad de los casos y evitar la discrecionalidad en la asignación de expedientes.

El nuevo reglamento introduce un debate más ágil, estableciendo tiempos precisos para la exposición de proyectos y rondas de discusión. Así, la nueva Corte se mueve entre narrativas de esperanza y desconfianza: por un lado, el discurso que promueve una era de “legalidad y justicia para todos”, y por el otro, los temores sobre la posible politización y captura del poder judicial por parte del gobierno.

México se encuentra en una travesía hacia un modelo judicial único en el mundo: una Corte elegida por voto popular, cuyo impacto y efectividad se pondrán a prueba en un contexto ya de por sí complicado por las dinámicas políticas y sociales actuales. Este nuevo reto no solo busca redefinir el papel del poder judicial, sino también la confianza que la ciudadanía deposita en él.

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