En los próximos meses, se anticipa la emisión de nuevas leyes en el ámbito de la competencia económica y telecomunicaciones, que facilitarán la creación de agencias reguladoras renovadas. Esta transformación implicará que las facultades de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión sean asumidas nuevamente por la autoridad de competencia. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) será la encargada de aplicar las medidas regulatorias, un enfoque que recuerda la situación previa a la reforma constitucional de 2013, cuando estas funciones estaban centralizadas en un solo organismo.
La principal expectativa detrás de estas reformas radica en la posibilidad de alcanzar una mayor congruencia y eficiencia en la aplicación de las políticas de competencia. Sin embargo, existe la preocupación de que podría producirse un aumento en la litigiosidad, como sucedía antes de 2013. La separación de las funciones de evaluación de competencia y de regulación podría resultar en una “doble ventanilla”, que los grupos económicos podrían utilizar para retrasar la implementación de regulaciones necesarias.
El escenario se complica aún más considerando los cambios tecnológicos recientes, que han dado lugar a nuevos y complejos modelos de negocio en el ámbito digital. Las autoridades enfrentan el desafío de implementar medidas correctivas para sortear las barreras a la competencia y regular el acceso a insumos esenciales. Aunque no se prevén cambios sustanciales en las herramientas legales existentes, la dinámica operativa se verá modificada por la nueva interacción requerida entre las agencias reguladoras.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) será responsable de evaluar las condiciones de competencia, mientras que la ATDT se encargará de hacer efectivas las regulaciones. Esta nueva disposición tiene un impacto significativo: las investigaciones sobre barreras e insumos esenciales en el sector digital serán conducidas por Cofece. Estas investigaciones, consideradas clave para contener el dominio de las grandes plataformas digitales, pueden dar lugar a diversas medidas correctivas, incluyendo recomendaciones, órdenes de eliminación de barreras y regulaciones sobre acceso y tarifas.
Sin embargo, el diseño institucional será un tema de debate, especialmente en el contexto de las obligaciones de México dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Este tratado impone exigencias sobre la independencia e imparcialidad de los organismos reguladores en telecomunicaciones. Esto es relevante ya que muchos servicios digitales, como la descarga de contenido audiovisual, están en el radar del IFT, lo que podría cuestionar la responsabilidad de la ATDT en la implementación de las medidas derivadas de las evaluaciones de Cofece.
La nueva estructura de reguladores plantea incertidumbres, tanto en su eficacia ante los socios comerciales como en la posibilidad de que se generen inquietudes sobre la aplicación de políticas. Esto es especialmente crítico dado que las empresas predominantes en la economía digital son en su mayoría estadounidenses, lo que podría complicar futuras negociaciones comerciales y reavivar el debate sobre la necesidad de mantener un modelo colegiado en la regulación de mercados digitales y de telecomunicaciones.
Este análisis se basa en información presentada el 22 de mayo de 2025, por lo que se recomienda considerar cualquier actualización que haya surgido desde entonces en este campo dinámico.
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