El Banco de México ha ajustado a la baja sus pronósticos de crecimiento para la economía del país, reflejando una realidad que coinciden tanto analistas nacionales como internacionales. Para 2025, se estima un crecimiento de solo 0.1 %, mientras que para 2026 se proyecta una mejora marginal hasta 0.9 %. Estas estimaciones son una drástica reducción respecto a las proyecciones previas de 0.6 y 1.8 % para esos mismos años.
El estancamiento económico parece inminente, con la posibilidad de una recesión que tendría un impacto negativo en el PIB per cápita, que también se prevé en descenso para el próximo año. Este panorama se ha perfilado a lo largo de ocho años de decisiones en política pública que han mostrado un impacto adverso en el crecimiento económico, sugiriendo que las estrategias implementadas bajo los gobiernos de Morena no han sido efectivas para estimular el desarrollo.
Una de las características destacadas del gobierno de López ha sido la proclamación de una austeridad fiscal, la cual, según analistas, resulta engañosa. La disolución de varios fondos y fideicomisos, junto con un incremento en los requerimientos financieros del sector público que alcanza los siete billones de pesos, han debilitado gravemente la situación financiera del estado.
Además, la asignación de recursos para proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas, y el Tren Maya han suscitado críticas, al considerarse que muchos de estos representan pérdidas económicas a largo plazo y presionan aún más las finanzas públicas. Las transferencias a programas sociales, aunque son bien intencionadas, podrían estar exacerbando la debilidad estructural de las finanzas del estado en lugar de fomentar el crecimiento.
Las políticas de educación y salud también han sido objeto de críticas, con un sistema que queda relegado y desprovisto de recursos. La elección de funcionarios se basa más en la lealtad que en la competencia, lo que se traduce en un gobierno que pierde eficiencia en áreas críticas para el desarrollo.
En el ámbito energético, la inyección de recursos a empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha generado preocupaciones sobre la seguridad energética del país. La tendencia de privilegiar estas entidades a costa de la inversión privada fomenta un entorno adverso para los negocios, al elevar los costos de la electricidad para las empresas.
Una de las decisiones más controvertidas ha sido la cancelación del aeropuerto de Texcoco, un símbolo de desmantelamiento de un marco institucional que garantizaba la certeza jurídica necesaria para atraer inversión. Junto a ello, el crecimiento del crimen organizado y la corrupción han deteriorado aún más un ambiente de negocios que ya enfrenta serias dificultades.
La falta de un Poder Judicial independiente y eficaz también representa un desafío significativo. Sin una instancia que funcione como un contrapeso al poder ejecutivo, las empresas se ven forzadas a operar en un entorno donde la moralidad privada sustituye la certeza de los contratos, lo que conduce a una asignación eficiente de los recursos y genera desconfianza en la inversión.
En resumen, los últimos ocho años han dejado claro que los esfuerzos del partido en el poder no han logrado alinearse con las necesidades del crecimiento económico. Las implicaciones de estas políticas se reflejan actualmente en un panorama económico sombrío para México.
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