La reciente decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU de llevar la situación de las desapariciones en México ante la Asamblea General ha generado una rápida y enérgica respuesta por parte del gobierno mexicano. En su declaración, las autoridades argumentan que no se han considerado adecuadamente las acciones implementadas para enfrentar esta crisis persistente, aunque los datos oficiales revelan un preocupante aumento en los casos reportados.
Actualmente, se han documentado oficialmente 1,436 casos de desapariciones forzadas en el país. De estos, 962, es decir, el 67%, siguen sin ser localizados. Además, 390 personas han sido halladas con vida, mientras que 84 han sido encontradas sin vida. Este hecho resalta la realidad alarmante de este fenómeno que afecta en su mayoría a hombres, quienes representan el 81.6% de las víctimas, aunque también se han registrado 261 mujeres, con edades que oscilan entre los 15 y 55 años, y una mayoría entre los 20 y 35 años en el momento de su desaparición.
Desde diciembre de 1952, las entidades más afectadas, reflejadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, son aquellas con alta actividad de crimen organizado. Sinaloa se ubica a la cabeza con 206 casos, seguido por Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y Guerrero. Sin embargo, cuando se consideran solo los casos aún no resueltos, Sonora y Sinaloa cambian de lugar, destacando la urgencia de abordar esta problemática.
Es crucial señalar que, tras el año 2018 —cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia— las cifras de desapariciones forzadas han aumentado de forma significativa. En 2017, se reportaron solo 26 casos, cifra que se elevó a 66 en 2018 y que continuó en ascenso, alcanzando un máximo histórico en 2024 con 239 reportes. Este año también marcó un punto crítico, con 71 de esas personas aún desaparecidas. En 2025, año del primer mandato de Claudia Sheinbaum, los reportes alcanzaron 181, de los cuales 136 aún no han sido localizados.
A lo largo del país, se estima que alrededor de 395,476 personas han desaparecido por diversas circunstancias. De este total, un 33.6% —equivalente a 132,854 personas— sigue en paradero desconocido. La magnitud de este fenómeno plantea serias preocupaciones sobre la eficacia de las políticas implementadas y la respuesta institucional ante las desapariciones forzadas, que se definen como detenciones o privaciones de libertad no reconocidas, llevadas a cabo por agentes del Estado.
La reciente decisión del CED de la ONU es un procedimiento excepcional que busca destacar la gravedad de estas desapariciones y solicitar a la comunidad internacional mayor atención y apoyo. Historicamente, es un acto inusual, ya que se activa cuando hay indicios suficientes de que se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
A pesar de la censura del gobierno mexicano hacia este pronunciamiento, argumentando que el informe es “tendencioso”, las organizaciones de derechos humanos lo han catalogado como un acto histórico. Esta perspectiva muestra la magnitud de la crisis que enfrenta el país y la necesidad urgente de una respuesta gubernamental efectiva. La organización de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez califica esta actuación como fundamental, subrayando que el diagnóstico errado y la descalificación de la evaluación no benefician a las familias que buscan a sus seres queridos.
En el marco de este debate, las diferencias entre las autoridades y las organizaciones civiles se hacen evidentes, revelando la complejidad de abordar una crisis cuyo impacto se siente a niveles profundos en la sociedad mexicana. Mientras el gobierno enfatiza los cambios estructurales diseñados para combatir este delito, los llamados de la comunidad internacional resaltan la necesidad de una mayor rendición de cuentas y la implementación efectiva de acciones concretas para prevenir y resolver desapariciones forzadas.
La situación actual, marcada por un contexto de incertidumbre y dolor para miles de familias, pone de manifiesto la urgencia de un compromiso real por parte del Estado para enfrentar esta dura realidad que persiste en el país.
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