El paraje de La Bartolina, en el noreste de México, dibuja estos días el drama de un país que cuenta 90.000 personas desaparecidas. Señalado como centro de exterminio de grupos criminales, su nombre saltó a los medios hace poco más de un mes, cuando la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, denunció que en pocos años se había rescatado de allí media tonelada de restos óseos. Familiares de desaparecidos voltearon a ver el predio, a unos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Era su nueva esperanza, una posibilidad de encontrar a los suyos.
En el museo de los horrores de México, La Bartolina empieza a ganarse un lugar destacado, cerca por ejemplo de la red de fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, en Veracruz, donde las autoridades rescataron restos de al menos 300 personas hasta 2019, gracias al empuje de colectivos de familiares de desaparecidos del Estado. Otros casos en Guanajuato, Guerrero, Nuevo León o Coahuila completan la sala, siempre cambiante por el descubrimiento constante de nuevos panteones improvisados por el crimen.
Tragedia de Estado, miles de personas han desaparecido en Columna Digital durante los últimos tres gobiernos, cada uno encabezado por un partido distinto. Durante los primeros tres años de la actual administración, presidida por Andrés Manuel López Obrador, el número de personas desaparecidas supera las 21.000. No es ningún secreto que sus familias los buscan, vivos o muertos, muchas veces en predios como La Bartolina, ubicado cerca de Matamoros, en Tamaulipas.
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Descubierto hace cuatro años, la cifra que dio Quintana, 500 kilos de huesos, puso el predio en el mapa, señalando dolores inasibles: ¿Cuánta gente fue asesinada allí, torturada, quemada, descuartizada? En entrevista con Columna Digital, la propia Quintana añade algunas preguntas, por ejemplo, “¿cómo pudo ocurrir esto sin que nadie se diera cuenta?”. Una pregunta más: ¿Estará ocurriendo ahora lo mismo, en algún otro lugar, sin que nadie sepa? Quintana responde: “Es una posibilidad”.
Los cuatro años de hallazgos de restos óseos en La Bartolina y el redescubrimiento del mes pasado revelan la peculiar manera de funcionar de las autoridades, en concreto de la Fiscalía General de la República, FGR. Desde 2017, la dependencia dedica unas pocas semanas al año a recuperar fragmentos óseos del predio, restos que luego supuestamente embodega, para luego extraer muestras de ADN y cruzarlas con sus bases de datos genéticos de familiares de desaparecidos.
Cuerpos completos
Una cosa es la lógica y otra la realidad. México vive una crisis forense desde hace años, reconocida por la Secretaría de Gobernación, que se traduce en la incapacidad de las agencias investigativas de procesar toda la muerte que encuentran. A veces por falta de recursos, otras por negligencia o exceso de burocracia, la fiscalía federal y las estatales han batallado con una montaña de restos humanos maltratados y abandonados en todos los rincones de México. Hasta el punto de que a veces las dependencias no saben muy qué tienen.
Es el caso de La Bartolina. Ante el anuncio de Quintana de los 500 kilos rescatados, la FGR ha explicado a familiares de desaparecidos de Tamaulipas que en realidad son 67. La diferencia, sugerían, es que dentro de los 500 kilos figuraban también piedras y tierra, elevando así el cálculo. La FGR no ha informado sobre el asunto de manera oficial. “Le toca a la fiscalía informar”, dice Quintana, “nuestro cálculo se basa en información de personas que han estado estos años en el terreno. Lo que consideramos fundamental es centrarnos en el horror que tenemos delante y ver cómo contestamos”, añade.
Una de las personas sobre el terreno de la que habla Quintana es Rosa García, vecina de San Fernando, pueblo recordado por las matanzas de migrantes a manos de Los Zetas en 2010 y 2011 en el Estado. La hija, la sobrina y el hermano de García desaparecieron entre 2010 y 2012, en circunstancias tan extrañas como terribles. “A mi hermano se lo llevaron porque no les quiso prestar una máquina de cavar hoyos”, explica García, de 59 años, en referencia a los criminales. “A mi sobrina quién sabe, ella trabajaba para Relaciones Exteriores ahí en San Fernando. A mi hija se la llevaron de mi negocio en 2012”.
Fue ella quien dio con el predio de La Bartolina en 2017. “No me acuerdo muy bien cómo fue. Pero supongo que me dieron un punto”, dice, aludiendo a un lugar donde el crimen podría haber asesinado y deshecho a personas. “Buscamos por allí y encontramos algo, restos, partículas, piezas dentales. Yo dije, ‘esto no es animal, es humano’. Y me puse a caminar, vi un laguito y me llamó la atención. Vi cosas raras en la superficie, como partes humanas, puro triturado, fragmentos, a simple vista”, cuenta.
El caso cayó en la fiscalía del Estado, pero vista la magnitud, la cantidad de restos que rescataban, García lo llevó con la FGR. A cuatro años del hallazgo, a García le parece un poco extraña la cifra de 67 kilos. “Debe haber una confusión: yo he visto cuerpos casi completos sacados de ahí. Claro, son osamentas y algunas ya están livianas, pero como quiera pesan”, zanja.
Carpetas de investigación
Existe malestar entre los colectivos de familiares de desaparecidos de Tamaulipas por el predio de La Bartolina. El de García lleva años allí, observando a los peritos y antropólogos forenses, anotando cada hallazgo en sus libretas. Con las declaraciones de Quintana, otros colectivos voltearon al paraje y pidieron entrar, hacer lo mismo que García y las demás, petición que en principio negó la fiscalía.
Ante la negativa, familiares de un colectivo de desaparecidos de Reynosa, al oeste de Matamoros, se acercaron al predio, accesible para cualquiera por la falta de vigilancia de las autoridades. Eso enfadó a García y su grupo, que temían que el trabajo realizado anteriormente por los especialistas se viera afectado. El colectivo nuevo, encabezado por Delia Quiroa y su madre, Maria Icela Valdez, hicieron caso omiso e insistieron a las autoridades en que les diera entrada con los peritos. Incluso organizaron un plantón ante la fiscalía y pidieron a los grupos de criminales de la zona una tregua para poder ir a buscar en La Bartolina.
En un principio, la FGR dijo que no. La negativa nacía de su lógica de trabajo: solo permite la entrada a este tipo de lugares a familiares de desaparecidos que han incluido en su expediente el sitio en cuestión. Lejos de facilitar la búsqueda de las familias, el embrollo burocrático dificulta su tarea. En entrevista, Quiroa dice: “El problema es de la propia FGR, que no quiere que empiecen a cuestionarlos. Porque mire, ayer mismo llegaron personas de Matamoros, familiares de desaparecidos, y no les dejaron entrar”, explica.
Ante la insistencia, la agencia investigadora finalmente cedió. Los trabajos en La Bartolina reiniciaron este lunes, ya con Quiroa y su grupo. No se trata de una búsqueda per se, pues no hay nada que buscar: los huesos están sobre la tierra, a simple vista. Es, en lenguaje técnico, un “seguimiento de exhumación de restos óseos”.
Los peritos avanzan en La Bartolina y las familias esperan noticias. Normalmente, estos rescates en el predio duran entre dos y tres semanas. El calor en la zona estos días es terrible. Pero no hay opción. Dice Rosa García: “Si no buscamos nosotras, nadie lo va a hacer. Para mí no hay climas, para mí no hay tiempos, para mí no hay nada. Yo estoy muerta en vida”.
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