La crisis de desapariciones que azota a México podría no ser abordada en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) debido a la falta de un procedimiento claro y a la resistencia del gobierno mexicano. Así lo advirtió Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, a pocos días del inicio del 81.º período de sesiones de dicho organismo.
La problemática es alarmante: más de 135,000 personas han desaparecido en el país, y se contabilizan más de 72,000 restos humanos sin identificar. En este contexto, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU solicitó en marzo pasado la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta acción está encaminada a presentar la situación de las desapariciones forzadas en México ante la comunidad internacional, pero existe una creciente preocupación por la posible omisión de este crucial debate durante la sesión que comienza el 8 de septiembre.
Olivares Ferreto aclaró que, aunque se puede discutir el tema en la Asamblea, es fundamental que algún estado miembro, incluido el propio México, solicite la inclusión del asunto en la agenda. La falta de una respuesta proactiva y clara por parte del gobierno mexicano ha levantado banderas rojas, ya que el país todavía no ha manifestado su disposición a abordar esta crisis de manera abierta y colaborativa.
El comité ha elevado el caso al secretario General de la ONU, António Guterres, pidiendo apoyo técnico y financiero para la búsqueda e investigación de desapariciones. Sin embargo, la falta de claridad sobre el procedimiento a seguir después de que el artículo 34 fue activado podría limitar la discusión en la Asamblea General, dejando a muchos con la sensación de que se trata de una oportunidad histórica que podría perderse.
Analizar el caso ante la Tercera Comisión de la ONU sería una alternativa, aunque muchos consideran que exponer la crisis de desapariciones en la Asamblea General representa una ocasión sin precedentes para que México busque cooperación internacional.
La propuesta de crear un proceso claro para seguir este tipo de peticiones resuena en los círculos de derechos humanos. Diversas organizaciones han sugerido que se promueva un mecanismo para abordar el artículo 34 dentro de la Tercera Comisión, asegurando que se asignen los recursos necesarios para su implementación.
Mientras tanto, la postura defensiva del gobierno mexicano frente a estas acusaciones preocupa a activistas y familiares de las víctimas, quienes ven la necesidad urgente de establecer mecanismos que esclarezcan la verdad y brinden apoyo a quienes buscan a sus seres queridos. Es un momento crítico que no solo toca la historia de México, sino que también podría servir como ejemplo para abordar crisis similares en otras naciones.
A medida que se acerca la fecha de la Asamblea General, el mundo observa con atención la reacción de México y la comunidad internacional ante una situación que afecta a miles de personas y familias, reiterando la importancia de la colaboración y el compromiso global en la defensa de los derechos humanos.
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Datos basados en información reportada originalmente por eleconomista.com.mx.






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