Las estadísticas sobre las pérdidas económicas causadas por desastres naturales en México se cuentan entre las más alarmantes y, a menudo, subestimadas. Un reciente foro sobre “Cambio Climático en México: Tendencias, riesgos y políticas”, reunió a expertos que señalaron la crítica falta de inversión pública y la opacidad en el presupuesto destinado a enfrentar el cambio climático.
La investigadora Nashelli Ruiz Rivera, del Instituto Mora y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Sociales y Ambientales de la UNAM, reportó pérdidas materiales que ascienden a 596,000 millones de pesos entre 2000 y 2020. Sin embargo, esta cifra no contempla daños no reconocidos formalmente ni las pérdidas sociales a largo plazo. Estos vacíos en los datos se agravan por la falta de resolución en las encuestas nacionales, que no capturan adecuadamente los impactos diferenciados a nivel estatal o municipal, dificultando así el diseño de políticas públicas efectivas que podrían reducir la vulnerabilidad económica en aquellas comunidades más propensas a sufrir desastres.
Ruiz Rivera enfatizó que los criterios legales que determinan la declaración de un “desastre” dejan fuera a muchos eventos cuyo impacto, aunque no supere la capacidad de respuesta local, tiene consecuencias duraderas. Esto significa que muchos efectos negativos no son reconocidos oficialmente, lo que agrava las situaciones de las comunidades afectadas.
Propuso, además, que los gobiernos estatales asuman una visión más preventiva del riesgo climático. Más allá de simplemente reconstruir infraestructuras dañadas, se requiere una inversión en el fortalecimiento de estructuras de bienestar, tales como sistemas de salud, educación y acceso equitativo a energía.
Al abordar el tema, Enrique Provencio Durazo, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, advirtió que, a pesar del escaso crecimiento económico en el país, las emisiones de carbono continúan en aumento. Desde 2002 hasta 2019, el crecimiento de estas emisiones fue de apenas 1%, mientras que se estima que entre 2022 y 2024 alcanzará un 2.6%. Este aumento representa un quiebre respecto a la tendencia descendente observada desde 2012.
El especialista también alertó sobre la drástica reducción en la inversión pública proyectada por la Secretaría de Hacienda, que afectará negativamente la capacidad del gobierno para implementar políticas públicas efectivas. Provencio enfatizó que el presupuesto actual para el cambio climático está “completamente distorsionado”, con numerosos programas que no abordan directamente la mitigación o adaptación.
Otro punto crítico presentado en la cumbre fue el hecho de que México experimenta un calentamiento más acelerado que el promedio mundial. Desde la era preindustrial hasta 2024, el incremento ha sido de 1.8 grados Celsius frente a una media global de 1.2 grados. Francisco Estrada Porrúa, del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, advirtió que, de continuar esta tendencia, se superará un umbral crítico en solo cinco años.
Este fenómeno tiene consecuencias palpables: la producción de café en Veracruz, por ejemplo, vio una caída real del 48%, casi el doble de lo que se había anticipado para el año 2020. Las cifras son un claro reflejo de la urgencia en la implementación de políticas efectivas contra el cambio climático y la necesidad de una inversión robusta y transparente en el ámbito ambiental.
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