Desata conflicto protesta por agua contaminada en Jalisco

Durante la tarde del 11 de octubre de 2026, una marcha contra el agua sucia en Jalisco se tornó violenta, generando conflictos entre manifestantes y policías estatales en las cercanías de Casa Jalisco. Los incidentes comenzaron alrededor de las 13:20 horas, cuando un grupo de personas, identificado como parte del bloque negro, lanzó agresiones hacia el personal antimotines de la Secretaría de Seguridad del Estado, que había sido desplegado para mantener el orden.

En respuesta a estas provocaciones, los uniformados utilizaron inicialmente agua como medida para repeler los ataques. Sin embargo, la situación escaló rápidamente, lo que llevó a las fuerzas del orden a recurrir al uso de gas lacrimógeno. Lamentablemente, los efectos de esta respuesta no se limitaron únicamente a quienes participaban en las agresiones; también afectaron a muchos manifestantes pacíficos, incluidos niños y adultos mayores, hecho que fue corroborado por testimonios en el lugar.

Hasta el momento, se reporta de manera extraoficial la detención de al menos 12 personas, aunque esta cifra aún está a la espera de confirmación por parte de las autoridades competentes. Además, se conoció que un manifestante recibió atención médica tras desvanecerse, presumiblemente por los efectos del gas, aunque esta información no ha sido verificada. También se informa sobre un elemento de seguridad que resultó lesionado, sin que se hayan proporcionado más detalles sobre su estado de salud.

Debido a la gravedad de los acontecimientos, las autoridades solicitaron refuerzos y desplegaron elementos de la Policía de Guadalajara. En este contexto de tensión, se espera un informe oficial que detalle el número de personas detenidas y el impacto en los manifestantes.

La situación pone de relieve la creciente preocupación por la escalada de violencia en eventos pacíficos y plantea interrogantes sobre la gestión de manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad. La comunidad espera respuestas claras y efectivas que garanticen tanto la seguridad pública como el derecho a la protesta pacífica.

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