#CasoYasmínEsquivel | En un comunicado publicado esta tarde en la página de la notaría capitalina, Amando Mastachi Aguario, titular de la notaría 121 de la Ciudad de México, descartó haber validado la carta en la que Edgar Ulises Báez Gutiérrez “aceptó” haber cometido plagio en contra de la ministra Yasmín Esquivel.
Mastachi Aguario negó lo dado a conocer por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 30 de diciembre pasado, cuando dijo haber presentado ante las autoridades universitarias pruebas que demuestran su inocencia en el caso de plagio.
Casi dos semanas después de ese pronunciamiento, el notario matizó que sólo se encargó de dar fe de la firma y no del contenido del documento, como originalmente dio a entender la ministra, quien además señaló que la carta fue presentada a través de la maestra Martha Rodríguez, quien fungió como asesora de tesis de ambos.
“Una vez que quedó debidamente identificado el señor Edgar Ulises Báez Gutiérrez, mi participación se limitó única y exclusivamente a dar fe de puesta de su firma y reconocimiento del contenido de un documento que él me exhibió en ese momento, por lo que yo como notario no avalo el contenido de dicho documento”, se excusó.
Asimismo, contrario a lo referido por el propio Báez Gutiérrez en una entrevista para el medio Eje Central, el notario aseguró que la firma y entrega de la carta que posteriormente fue presentada ante el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón fue en el domicilio del exalumno de la Facultad de Derecho el 29 de diciembre.
Mastachi Aguario aclaró, además, que su actuación fue apegada a los protocolos legales pertinentes y que cuenta con documentación e imágenes que respaldan sus hechos que están protegidas por el secreto profesional, pero que pueden ser solicitadas por las autoridades.
Su comunicado se da apenas un día después de que la UNAM concluyó que el trabajo de titulación de la ministra Esquivel es “una copia sustancial” del escrito por Báez Gutiérrez, pero que debido a la falta de regulación universitaria no le puede retirar el título, dejando la resolución en manos de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
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