En diciembre de 2025, México dio un paso significativo hacia la modernización de la gestión del agua al aprobar la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. Esta legislación surge en respuesta a la crisis hídrica que enfrenta el país, marcando un cambio crucial en el marco legal sobre este recurso vital.
La nueva normativa establece que el agua dejará de ser tratada como un bien mercantil para convertirse en un derecho humano, bajo un control más estricto por parte del Estado. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los sectores más impactados por estas reformas son el agropecuario, que utiliza un 76% del agua, seguido por el abastecimiento público (14.8%), el sector energético (4.1%) y el autoabastecimiento (4.8%).
Omar Aguilar, socio de la firma de abogados Pérez Correa González, señala que la reforma plantea desafíos importantes para las empresas. Uno de los cambios más notables es la prohibición de compartir concesiones. Cada empresa, independientemente de su relación con otras dentro de un parque industrial, deberá contar con su propia concesión de agua. Esto complica las estrategias de fusión y adquisición en el sector.
Además, las sanciones por incumplimiento han cambiado de ser administrativas a implicar repercusiones penales graves. Las empresas deben ser conscientes de que el no cumplimiento de la nueva normativa podría llevar a acciones legales, lo que convierte la regularización de las concesiones en una prioridad. Esto incluye desde asegurar que los títulos no estén vencidos hasta garantizar el uso correcto de los volúmenes de agua autorizados. La redistribución de agua dentro de un parque industrial, sin permisos individuales, está prohibida.
Otro aspecto crucial de la reforma es la implementación de un Registro Público del Agua, que permitirá el seguimiento digital de las concesiones. Esta base de datos oficial no solo abarca permisos de empresas, sino también derechos históricos de comunidades indígenas y afroamericanas.
Ante este nuevo escenario, Aguilar recomienda a las empresas que implementen programas proactivos para abordar estos cambios. La inacción puede resultar costosa en un contexto donde el escrutinio operativo y los riesgos penales son la norma. Se sugiere realizar auditorías integrales sobre el uso del agua y defender los derechos de concesión ante cualquier intento de reducción por parte de las autoridades.
Con un marco legal renovado y un enfoque más riguroso en la gestión del agua, México se embarca en una nueva era que busca asegurar el acceso sostenido a este recurso vital tanto para las empresas como para la población. Las próximas acciones que tomen los sectores involucrados serán determinantes para garantizar el cumplimiento de estas normativas y, al mismo tiempo, salvaguardar un recurso que es esencial para el futuro del país.
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