La localización de fosas clandestinas en México durante los últimos tres sexenios ha revelado una impactante transformación en las dinámicas criminales del país. Según un informe elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, se han documentado 3,516 fosas clandestinas y 8,341 cuerpos, junto con más de 52,000 restos humanos, entre 2006 y 2024. Este alarmante recuento abarca los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
La primera conclusión que destaca es la concentración geográfica de estos hallazgos. Aproximadamente la mitad de las fosas se ha registrado en los estados de Guerrero, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Colima. No obstante, su distribución ha cambiado a lo largo de los sexenios, reflejando las diferentes dinámicas de violencia y criminalidad que han imperado en cada periodo.
Durante la administración de Calderón (2006-2012), los hallazgos fueron más comunes en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. En contraste, en el sexenio de Peña Nieto (2013-2018), los estados más afectados fueron Veracruz, Guerrero y Jalisco. Actualmente, bajo el gobierno de López Obrador (2019-2024), Sonora, Guanajuato y Colima se han convertido en los epicentros.
A nivel municipal, Acapulco, Guerrero, emerge como el territorio con el mayor número de fosas reportadas. Le siguen Tecomán, Colima; Hermosillo, Sonora; Veracruz, y Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que evidencia una geografía del horror que no solo se limita a regiones conflictivas, sino que se asienta también en áreas que deberían ser seguras.
El informe también revela una notable discrepancia entre los registros de los medios de comunicación y la información provista por las fiscalías estatales. Mientras que las autoridades afirman haber encontrado 5,152 fosas, esta cifra supera en un 46.5% a la documentada por los periodistas. Sin embargo, en cuanto al conteo de cuerpos, los medios han documentado alrededor de 2,600 cuerpos más que las cifras oficiales.
Al analizar datos del periodo entre enero de 2020 y septiembre de 2024, se identificaron los tipos de localización de estas fosas. Predios, inmuebles privados y caminos constituyen el 73% de los hallazgos. No obstante, estos monumentos del horror también aparecen en lugares insólitos, como centros de rehabilitación, autolavados y parques públicos, una macabra realidad que nos rodea.
La demografía de las víctimas presenta otro panorama desgarrador. De las personas localizadas en fosas, 1,151 eran hombres y 355, mujeres. Aproximadamente tres de cada cuatro víctimas eran hombres jóvenes, entre 20 y 39 años. Las ocupaciones de estas personas son diversas, abarcan desde transportistas hasta albañiles y activistas, revelando el amplio espectro de la violencia.
El informe también destacó 58 fosas vinculadas a feminicidios, donde se encontraron 92 cuerpos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, principalmente en estados como Chihuahua, Veracruz y Sonora, aunque hubo registros en toda la República.
Del total de perpetradores identificados, el 81% fueron particulares y el 18% organizaciones criminales. Este dato subraya la complejidad del fenómeno y la necesidad de una respuesta integral y efectiva ante la violencia que azota al país.
A la luz de estos hallazgos, la creciente preocupación por la seguridad y los derechos humanos en México se hace cada vez más evidente. La lucha contra la impunidad y por la justicia es una tarea pendiente que requiere un compromiso colectivo y sostenido. La visibilización de esta problemática es fundamental no solo para honrar a las víctimas, sino para forjar un camino hacia un futuro más seguro y justo.
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