Tras haberse inconformado por la pérdida de sus empleos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó 250 demandas presentadas por trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) y ciudadanos en contra de la entrada en vigor del Plan B de reforma electoral.
El Tribunal determinó que “no puede estudiar el fondo de las problemáticas planteadas en las 250 demandas, ya que en ellas se solicita el análisis de diversas normas electorales vigentes, por su sola entrada en vigor y, por tanto, sin un acto de aplicación concreto, pues el Tribunal Electoral no tiene facultades para analizar normas, en abstracto, sin que se hubieran aplicado mediante algún acto”.
En cuanto al acuerdo del Consejo General, el TEPJF decidió que tampoco constituye un acto de aplicación del decreto de reforma “pues aún no se ha definido quiénes serán las personas que se vean afectadas con motivo de la reforma en materia electoral”.
La Sala Superior informó que dividió los 250 juicios en dos grupos: en el primero se agruparon 241 demandas de personas que se identificaron como trabajadoras de algún órgano del INE y en el segundo se analizaron las demandas de nueve personas que se identificaron como ciudadanos.
Agregó que los demandantes justificaron sus recursos en la supuesta inconstitucionalidad de las modificaciones y porque presuntamente violan sus derechos político-electorales, son regresivos en materia de derechos fundamentales e inciden en la autonomía del INE.
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