A pocos días de cerrar las campañas para las elecciones judiciales, el panorama económico revela que las candidaturas a nivel federal y local han desembolsado un total de 362 millones de pesos. Sin duda, los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destacan como los principales contribuyentes a este gasto, con cifras alarmantes.
Según los datos recientes del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta el 16 de mayo se han registrado gastos significativos a través del Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MEFIC), tanto en el ámbito federal como en el local. De este total, 303 millones de pesos provienen de los candidatos a nivel federal, mientras que 58 millones corresponden a las candidaturas locales.
Lo que es aún más notable es que el 66% de los gastos, es decir, 238 millones de pesos, ha sido desembolsado por 64 candidatos a la SCJN. Esto significa que, en promedio, cada uno de estos aspirantes ha gastado más de 3.7 millones de pesos, un monto que supera más del doble del límite de gastos establecido por el INE, fijado en un millón 468,000 pesos. Además, los mismos candidatos han reportado ingresos significativamente más bajos, totalizando solo 25 millones de pesos.
El INE también reporta que se han llevado a cabo 83,865 eventos de campaña en total, de los cuales más de 49,000 son conducidos por candidatos a posiciones federales. En particular, los aspirantes a magistrados de Circuito y de Apelación a nivel federal son responsables de más de 24,000 de estos eventos. En el ámbito local, los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Ciudad de México se destacan por ser los de mayor actividad de campaña.
Con el objetivo de garantizar la transparencia, el INE ha implementado monitoreos exhaustivos para verificar el cumplimiento de las normativas. Hasta esa fecha, se han detectado 208 notas en medios impresos, además de numerosas publicaciones en redes sociales identificadas como posibles gastos de campaña. También se han registrado 63 quejas ciudadanas que apuntan a irregularidades en los reportes de gastos.
Para esta primera elección judicial, el INE ha especificado que las candidaturas deben financiar sus campañas con recursos propios, prohibiendo expresamente la utilización de recursos de terceros y del gobierno en cualquier forma. De esta manera, se busca mantener la integridad del proceso y asegurar un entorno de equidad en la competición.
Los candidatos deben centrarse, en términos de gastos, en la promoción a través de medios impresos, la producción de materiales audiovisuales, el entrenamiento en medios y costos asociados a su desplazamiento y alojamiento, todo dentro de la esfera correspondiente a su candidatura.
La información detallada refleja un escenario complejo y financiero considerable a medida que se acerca el cierre de las campañas judiciales, sugiriendo un panorama que merece ser monitoreado con atención.
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