En el análisis del funcionamiento y efectividad de la Guardia Nacional (GN) en México, se revela una realidad preocupante: a pesar de ser una de las principales fuerzas de seguridad del país, su rendimiento en términos de detenciones es asombrosamente bajo. Con más de 126,000 elementos, de los cuales el 88% son de origen militar, la GN realiza en promedio apenas 0.071 detenciones por agente al año, en comparación con las 1.6 detenciones anuales por agente que llevan a cabo las policías estatales. Esta notable disparidad levanta serias inquietudes sobre su operatividad y eficiencia, especialmente considerando el presupuesto significativo que destina el gobierno a esta institución.
Los informes de la Universidad Iberoamericana también destacan que la capacidad de la GN para asegurarse de armas y narcóticos es inferior a la del Ejército. A pesar de que la confianza ciudadana hacia las Fuerzas Armadas se mantiene alta —con niveles de aprobación del 86.7% para la Marina, 84.3% para la Sedena y 77.2% para la GN— este respaldo se ve ensombrecido por un preocupante historial en materia de derechos humanos. Entre diciembre de 2018 y julio de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó 1,934 quejas contra la GN, incluyendo 183 por detenciones arbitrarias.
El panorama de la violencia en México sigue siendo desolador. En 2023, se registraron 31,602 homicidios, lo que equivale a un promedio de 85 muertes diarias. Las desapariciones han alcanzado números alarmantes, con 126,938 personas no localizadas. No obstante, a pesar de la creciente violencia, el modelo militarizado de seguridad en el país no ha demostrado ser efectivo para reducir estos niveles de criminalidad.
La militarización de la seguridad pública se refleja en los 258 convenios firmados entre autoridades civiles y las Fuerzas Armadas entre 2007 y 2022, que han transferido el 89% de las funciones civiles a estas últimas, estableciendo un modelo en el que la arbitrariedad se convierte en norma en la gestión del delito. Adicionalmente, el uso excesivo de la fuerza es una realidad preocupante; un estudio revela que el 86% de las personas privadas de libertad reportan haber sufrido maltrato durante su detención. Además, solo el 4.3% de las detenciones realizadas por las Fuerzas Armadas se efectuaron con una orden judicial.
La crisis penitenciaria también es alarmante: a finales de 2023, más de 233,000 personas estaban encarceladas, de las cuales el 37.3% no tenía sentencia. La prisión preventiva oficiosa, que afecta a casi la mitad de las personas sin sentencia, es denunciada como una forma de castigo anticipado que va en contra de los derechos humanos. Las condiciones en las cárceles son igualmente críticas, con un crecimiento del 21% en la población carcelaria mientras que los espacios disponibles decrecen, resultando en prisiones estatales que operan con satelitales niveles de hacinamiento.
Frente a estos desafíos, la Ibero propone una reforma estructural que devuelva la seguridad pública a un enfoque civil, desmilitarizando de manera progresiva las tareas de seguridad y fortaleciendo el liderazgo civil en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se sugiere, también, replicar modelos locales exitosos, como los de Nezahualcóyotl y Morelia, donde se han logrado disminuciones en delitos y mejoras en la percepción ciudadana.
Aunque la información presentada tiene su fecha de publicación original el 10 de junio de 2025, sus implicaciones siguen resonando con urgencia en nuestras sociedades contemporáneas. Es fundamental mantener el enfoque en la búsqueda de soluciones que prioricen la seguridad ciudadana y los derechos humanos en México.
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