México se enfrenta a un desafío crítico en el acceso diario a agua entubada y saneamiento, revelando profundas desigualdades regionales. Según datos de Conagua correspondientes a 2024, solo el 56.3% de la población nacional cuenta con acceso continuo a estos servicios esenciales.
Las diferencias entre las entidades federativas son evidentes. Mientras que algunos estados del norte y sureste reportan coberturas superiores al 80%, hay regiones que se quedan rezagadas con cifras alarmantes. En particular, Guerrero apenas alcanza un 16.5% de cobertura; Baja California Sur sigue de cerca con un 17%; y Puebla se queda en un 20.7%. Estos porcentajes son notablemente inferiores a la media nacional, lo que pone de manifiesto un panorama preocupante para millones de mexicanos.
Estas disparidades no son meras cifras; reflejan problemas estructurales relacionados con la infraestructura hidráulica, la disponibilidad de recursos hídricos, la urbanización acelerada y la capacidad operativa de los organismos encargados del suministro. Especialistas han enfatizado que el acceso irregular al agua potable es uno de los mayores retos que enfrenta el país. La situación se complica aún más con el aumento de las sequías, el estrés hídrico y la creciente demanda tanto urbana como industrial.
El impacto de estas desigualdades va más allá de la simple falta de acceso; evidencia también las diferencias en inversión pública y el mantenimiento de las redes de distribución entre distintas regiones. Este contexto se traduce en un servicio discontinuo que afecta a millones de hogares mexicanos, poniendo en riesgo no solo su salud, sino también su bienestar general. Es urgente abordar estos problemas, ya que el acceso al agua potable es un derecho fundamental que debe garantizarse a toda la población.
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