La gestación subrogada, un tema polémico y complejo, se ha convertido en un oscuro entramado que involucra la explotación de mujeres en todo el mundo. Este fenómeno ha cobrado notoriedad recientemente, especialmente tras el testimonio de Na, una mujer tailandesa de la treintena cuya vida se transformó en un angustioso relato de coerción y desesperación.
Na viajó desde Tailandia a Georgia con la esperanza de ayudar a una familia extranjera a tener un hijo. Fue captada por un intermediario tailandés que prometió una generosa compensación: 400.000 bat (aproximadamente 11.600 dólares) tras dar a luz, más una asignación mensual de unos 30.000 bat (900 dólares). Sin embargo, lo que encontró en Tiflis, la capital georgiana, fue muy diferente. Al llegar, se percató de que había otras mujeres tailandesas en condiciones similares, pero no había padres intencionados que esperaran por los bebés, solo un grupo de control chino que manejaba el negocio de manera implacable.
Desesperada por volver a casa, Na enfrentó una dura realidad: el intermediario había confiscado su pasaporte y le ofreció dos opciones desesperadas: donar óvulos o pagar 70.000 bat (2.140 dólares) para poder regresar. Su situación se enmarcaba en una red transnacional presuntamente dirigida por BabyCome, una empresa china que trafica mujeres para la gestación en condiciones que rozan la esclavitud.
En 2025, tras contactarse con la Fundación Pavena, dedicada a apoyar mujeres y niños en Tailandia, Na logró regresar a su país. Este esfuerzo no solo rescataría a otra madre, sino que también derivaría en una operación de Interpol que liberaría a varias mujeres atrapadas en Georgia. Las alarmas se encendieron no solo por las condiciones de vida de las gestantes, sino también por el futuro incierto de los niños que estas mujeres estaban llevando dentro.
Georgia ha emergido como un nuevo hub de gestación subrogada, atrayendo a mujeres de países como Uzbekistán, Kazajistán y Tailandia, especialmente tras la crisis en Ucrania y las restricciones previas impuestas por otros países. Aunque la subrogación está permitida únicamente para parejas heterosexuales, la creciente demanda ha llevado a la explotación de estas mujeres, muchas de ellas madre desempleadas en busca de una salida económica.
La abogada especializada Ana Miramontes ha señalado que la práctica de trasladar mujeres de un país a otro para gestar se configura como una oferta ilegítima que explota a las más vulnerables. En Georgia, las familias que recurren a estos servicios pagan alrededor de 80.000 dólares, un contraste significativo con los 150.000 que se gastan en Estados Unidos, donde esta práctica está más regulada.
La situación es alarmante y plantea numerosas preguntas sobre la ética y el futuro de las vidas que están en juego. La fundadora de la Fundación Pavena, Pavena Hongsakul, ha expresado su preocupación: “Lo que asusta es que no haya padres esperando para ocuparse del niño. ¿Para qué quieren a estos bebés?”.
En este contexto, la historia de Na resuena como un llamado a la acción. La explotación de mujeres en el ámbito de la gestación subrogada es un fenómeno que requiere visibilidad y respuesta. Mientras las autoridades investigan redes como BabyCome, queda claro que la lucha por la dignidad y la justicia en este ámbito es aún una batalla por librar.
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