En una reveladora investigación liderada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se ha desmantelado una compleja red de tráfico de combustible ilegal que involucraba la incautación de 10 millones de litros de combustible robado. Esta operación culminó con la detención de diversas figuras clave, incluyendo tres empresarios, cinco marinos activos, un marino retirado y cinco funcionarios de aduanas. Este hecho ha dejado en entredicho la integridad de la Secretaría de Marina (Semar), una institución que ha sido considerada históricamente incorruptible.
La magnitud de esta red ilícita plantea serias preguntas sobre su funcionamiento, ya que operaba con la complicidad y sobornos a altos mandos. Incluso se sugiere que este esquema ya estaba en marcha durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, surge una inquietante pregunta: ¿era el presidente consciente de estas actividades delictivas que implicaban a su propio gobierno?
Cabe recordar que, al inicio de su administración, López Obrador estableció que no existía ningún negocio ilegal de gran envergadura que pudiera pasar desapercibido para su conocimiento. Esto podría implicar que él, efectivamente, estaba al tanto de esta red de tráfico de combustible dentro de la Marina. Este tema fue objeto de un análisis detallado en un reciente debate entre Manuel López San Martín, Sergio Sarmiento, Ricardo Raphael y Jorge Fernández Menéndez.
En un giro inesperado, se ha destacado que dos de los principales implicados en este entramado son sobrinos políticos del extitular de la Semar durante el mandato de AMLO, José Rafael Ojeda Durán. De acuerdo con el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, hace un par de años Ojeda Durán acudió a la Fiscalía para denunciar estos actos; sin embargo, esta acción solo evidencia la inacción durante un año para identificar y detener esta red ilegal.
Un punto crucial a considerar es que, en situaciones como esta, un titular de la SEMAR generalmente reportaría tales irregularidades a su superior, es decir, al presidente de la República, en lugar de acudir directamente a la Fiscalía. Esto plantea preocupaciones adicionales sobre la falta de transparencia y la complicidad en el más alto nivel.
Sergio Sarmiento observó que este tipo de actividades de huachicol, específicamente el llamado “huachicol fiscal”, comenzó a proliferar con la llegada de la Semar a las aduanas, justo durante la administración de AMLO. Además, los exmarinos detenidos ocupaban posiciones de alto rango, como es el caso de Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando, quienes operaron sin inconvenientes hasta el último día del almirante Ojeda Durán al frente de la dependencia.
A pesar de la gravedad de estas revelaciones, es crucial que el público se mantenga informado sobre el desarrollo de esta situación. Este escándalo no solo cuestiona la credibilidad de la Semar, sino también la gestión general de la seguridad y la protección ciudadana en el país.
La información se basa en datos correspondientes a la fecha de publicación original: 2025-09-09 20:25:00. La trascendencia de estos acontecimientos es motivo de seguimiento continuo, en un contexto donde la lucha contra la corrupción sigue siendo un tema central en la agenda política nacional.
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