Un hecho alarmante ha sacudido a Colombia: el intento de asesinato del senador Miguel Uribe. Este incidente, que ha captado la atención de la nación y generado un torrente de interrogantes, ocurrió el 7 de junio cuando Uribe, miembro del Centro Democrático y figura clave de la oposición al gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro, fue atacado por un presunto sicario menor de edad.
El senador, de 39 años, fue alcanzado por tres balas, dos de ellas en la cabeza, y actualmente se encuentra en estado crítico en una clínica del norte de Bogotá. La situación se desencadenó durante una visita a comerciantes en Fontibón, un barrio popular de la capital. Uribe, tras dirigirse a una multitud de aproximadamente 250 personas, fue atacado de manera sorpresiva por un joven que, luego de perpetrar el acto, intentó escapar pero fue interceptado por los escoltas del senador a unos 345 metros del lugar.
Este presunto atacante, un adolescente de 15 años, fue herido en una pierna y está bajo custodia tras ser operado. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha informado que el menor podría enfrentar hasta ocho años de privación de libertad, aunque en condiciones especiales para menores. Es importante señalar que en Colombia, el uso de menores por parte de las organizaciones criminales no es un fenómeno nuevo, una práctica que se remonta a la violencia asociada con el narcotráfico en los años 80 y 90.
Diferentes hipótesis sobre el ataque han surgido. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sugirió que el ataque podría ser un intento de enviar un mensaje contra el Centro Democrático o incluso una maniobra para desestabilizar el gobierno de Petro. A pesar del fuerte perfil de Uribe, conocido por su crítica al narcotráfico y a la guerrilla, no había registros de amenazas previas contra él según la fiscalía.
Las autoridades han recuperado una pistola Glock de calibre 9 milímetros, legalmente adquirida en los Estados Unidos, que fue utilizada en el ataque. Se han recogido grabaciones de más de 1,000 dispositivos de teléfonos móviles y cámaras de seguridad para esclarecer los detalles del suceso, y se ha ofrecido una recompensa de aproximadamente 725,000 dólares por información sobre otros posibles implicados. Al menos 190 investigadores de la policía están trabajando en este caso, y se han llevado a cabo allanamientos en domicilios relacionados.
Los videos grabados por testigos del evento muestran momentos caóticos tras los disparos. En uno de ellos, se observa al atacante sacar su arma mientras Uribe hablaba sobre temas de salud mental, justo antes de caer al suelo. Este instante ha intensificado la atención mediática y pública sobre la seguridad en Colombia, un país que sigue lidiando con las repercusiones de la violencia y el narcotráfico.
En este contexto, la situación permanece enojo, con un claro llamado a la investigación y a respuestas urgentes sobre la seguridad y el uso de menores en actividades criminales.
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