El 9 de enero de 2026 marcó el inicio del ambicioso registro de usuarios de telefonía móvil en México. En una nación con más de 142 millones de líneas móviles, los resultados del registro han mostrado un avance considerable, aunque lento. A los tres meses de haber comenzado, solo 26 millones de líneas se habían identificado, lo que representa un 18.23% del total. Esto deja aún 116 millones de líneas sin registrar, un desafío monumental que exige 1,281,689 registros diarios entre abril y junio para cumplir con el plazo.
Este esfuerzo no es solo un trámite administrativo; representa uno de los registros más vastos jamás implementados en el sector de telecomunicaciones del país. Los lineamientos establecidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) otorgan a los operadores la responsabilidad de identificar las líneas, y las que no logren hacerlo serán suspendidas al final del período.
El reto se intensifica al compararlo con otras grandes bases de datos en México. Por ejemplo, el Padrón Electoral reportado por el INE muestra alrededor de 101 millones de personas. El registro móvil no se trata de un censo convencional; requiere una ejecución masiva y continua, que debe ser segura y verificable incluso más allá del periodo de 120 días estipulado.
El avance hasta ahora es visto como lento. Si bien los operadores han cumplido con el envío de avisos por SMS para solicitar la vinculación de las líneas, el verdadero desafío radica en convertir esas notificaciones en registros efectivos. Para que este proceso sea exitoso, es clave fomentar la confianza entre los usuarios y las autoridades.
La falta de comunicación clara y efectiva por parte de la CRT puede generar desconfianza en la población. Todos los esfuerzos pueden ser en vano si los ciudadanos no comprenden la importancia y la utilidad de este registro. Además, suspender una línea celular no es un simple trámite; implica restringir el acceso a Internet, llamadas y otros servicios esenciales, lo que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de millones.
La razón detrás de este registro es combatir la extorsión y el fraude. Un informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana indica que durante el segundo semestre de 2025, más del 32% de los hogares en México fueron víctimas de un delito de este tipo. Sin embargo, es necesario que la CRT demuestre que esta regulación efectivamente contribuye a la reducción del crimen, evitando que la carga recaiga sobre los usuarios.
Para que este proyecto tenga éxito y se convierta en una verdadera política pública, se necesita más que un simples registro. La CRT debería proporcionar informes semanales públicos sobre el avance del registro, desglosados por grupo económico, y establecer una campaña informativa que explique claramente a los usuarios cómo funciona el proceso y cómo se protege su información.
Sin estas medidas de comunicación y rendición de cuentas, el registro de líneas móviles corre el riesgo de percibirse simplemente como una amenaza y no como un paso hacia una mayor seguridad. En un entorno digital cada vez más complejo y demandante, la transparencia y la capacidad de respuesta podrán determinar el éxito de esta ambiciosa iniciativa regulatoria.
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