El Gobierno de Nicolás Maduro, a través de los portavoces del Estado, ha seguido anunciando detenciones y judicializaciones de funcionarios públicos venezolanos envueltos en el fraude millonario de PDVSA-Crypto, una trama de corrupción que ha consistido en el desvío de los fondos de la venta de petróleo en el marco de las sanciones internacionales al país, presuntamente vinculada a Tareck El Aissami, vicepresidente del Área Económica. Los ilícitos incluían a la Corporación Venezolana de Guayana y algunas alcaldías.
La captura del empresario colombiano Álvaro Pulido, contratista del estado venezolano y socio de Álex Saab –—solicitado por Estados Unidos por lavado de dinero— es una de las novedades más comentadas de esta nueva ola detenciones, que también incluyen algunos funcionarios de la alcaldía de Baruta, municipio metropolitano del este de Caracas controlado por la oposición.
El portal de investigación Armando.Info había publicado varios reportajes que daban cuenta del desvío de 1.500 millones de dólares, tanto de Pulido como de Saab, por transacciones relacionadas con la venta de petróleo venezolano, en operaciones parecidas al caso PDVSA-Crypto. Con estas nueve detenidos adicionales, ya suman 58 los funcionarios públicos presentados a los tribunales en esta purga anticorrupción, denominada Caiga quién caiga. El Fiscal General, Tarek William Saab, informó de que “se han emitido 67 órdenes de aprensión y se han practicado 142 allanamientos judiciales en busca de los responsables”.
El ministro de Comunicación e Información, Freddy Náñez, confirmó que se hizo una audiencia de presentación a Harold Rafael Sosa Padilla, director de ingeniería municipal de la alcaldía de Baruta, y a Juan Carlos Posner, director adjunto de esta instancia municipal. Hace unos días, Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo y mano derecha de Maduro, adelantó en un discurso parlamentario que las investigaciones en curso podrían incluir responsables de la oposición, y pidió que “no vayan a venir después a convertirlos en presos políticos”.
Junto a ellos, es nombrado Pulido, señalado en este caso de ser operador financiero de Hugbel Roa, y a Pedro Herrera Araque, operador financiero y cuñado de Roa, uno de los diputados chavistas caído en desgracia, y como Pedro Maldonado, Hugo Cabezas, y el propio Pulido, fichas de El Aissami en el mapa de poder revolucionario.
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Las autoridades chavistas también anunciaron la detención de Juan Almeida, experto en seguridad digital, un conocido y temido hacker que usa el mote de N33, también cercano a El Aissami. Almeida ha sido señalado junto a sus hermanos, José Luis y Carlos Jesús Almeida Morgado, como “operadores tecnológicos de la trama PDVSA-Crypto.” En 2021, el colombiano Alvaro Pulido -como ha sucedido con varios otros personeros del régimen acusados en este proceso- había sido denunciado por lavado de dinero y soborno por Estados Unidos, quién ofrecía recompensas de altas sumas de dinero por información sobre su paradero.
Los detenidos han sido mostrados a la prensa vistiendo bragas anaranjadas, una modalidad no vista en Columna Digital en el pasado, y fueron internados en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en la cárcel de El Helicoide por la recién creada Policía Nacional Anticorrupción.
El gobierno de Maduro no ha emitido mayores comentarios sobre la detención de Pulido, socio de Saab, empresario colombiano detenido en Cabo Verde, hoy detenido en una cárcel federal, –a quién el chavismo otorgó un estatus diplomático en sus gestiones- que operaba como agente del gobierno de Maduro para abrirle caminos comerciales al régimen chavista en el contexto de las sanciones internacionales, y que es acusado por Estados Unidos de lavado de dinero y corrupción.
Maduro y el alto gobierno revolucionario han hecho de la defensa de Saab, de la insistencia en su inocencia, y la exigencia de su liberación, una causa de Estado, en la cual se han invertido millones de dólares.
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