Seis de los participantes en el asalto al pleno de Lorca de este lunes al Ayuntamiento de Lorca (Murcia, 96.200 habitantes) que obligaron a suspender un pleno en el que se iba a limitar la instalación de macrogranjas en la localidad, fueron detenidos este miércoles. Todos ellos prestaron declaración en la comisaría de la localidad murciana y han quedado en libertad investigados por delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Al menos tres de los arrestados, ganaderos, habían acudido antes a la jefatura de la Policía Local, que ya los había identificado gracias a las cámaras de seguridad y luego se entregaron a la Policía Nacional, informaron fuentes de la investigación.
Uno de los participantes en la protesta del lunes es miembro de Nuevas Generaciones, las juventudes del PP, según ha confirmado la organización, informa Elsa García de Blas. La organización destaca que su participación fue “a título personal” y que no les fue advertida previamente. En un comunicado, Nuevas Generaciones rechazó este miércoles “cualquier vínculo o relación” entre la organización y lo que denominó “alteración del normal desarrollo” del pleno, unos hechos que “condena en toda su extensión”. “Nada justifica causar un perjuicio al funcionamiento normal de las instituciones democráticas, y cualquier reivindicación pierde toda legitimidad si se acompaña de una actitud violenta y/o coactiva”, aseguró la organización en el texto.
El ganadero arrestado el martes por presuntamente participar en el asalto al pleno quedó en libertad imputado por los mismos delitos que los otros seis detenidos este miércoles y deberá comparecer ante el juez en una fecha que todavía no se ha determinado.
Este hombre se entregó a la Policía Local, a la que reconoció haber participado en el tumulto que este lunes 31 de enero rompió el cordón policial que protegía el edificio municipal donde se iba a celebrar un pleno para poner restricciones a la construcción de nuevas granjas porcinas. El pleno finalmente tuvo que ser suspendido porque no se podía garantizar la seguridad dentro del edificio.
Este ganadero fue captado por las cámaras cuando agredía presuntamente a un agente durante los incidentes en el edificio del Centro de Desarrollo Local, habilitado desde la pandemia como sede de las sesiones plenarias y ante el que se concentraron en la mañana del lunes varios centenares de ganaderos, de los que 30 burlaron el cordón policial y accedieron al edificio entre gritos y amenazas, informó Efe. Su imagen sin mascarilla capturada por las cámaras de seguridad y los vídeos grabados con teléfonos móviles durante el asalto facilitaron su identificación a los agentes y favorecieron su entrega voluntaria.
El Ayuntamiento de Lorca ha anunciado que va a interponer una querella por el asalto, al considerar que puede ser constitutivo de delitos de coacciones y amenazas a corporaciones locales, contra el ejercicio de la legítima libertad de reunión, de incitación al odio, de resistencia y de desobediencia grave a la autoridad. El concejal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz, del PSOE, señaló además que, por lo recogido en los numerosos vídeos y grabaciones del asalto, daba la sensación de que el altercado estaba organizado, ya que se puede ver cómo un grupo de manifestantes avanzaban juntos hasta la primera línea de la protesta, al parecer, tras recibir una orden, y son ellos quienes entraron en el edificio municipal. La policía debe ahora determinar no solo quiénes participaron en los hechos, sino en qué grado lo hicieron y también si alguien instigó a estas acciones.
Vox pidió al Consistorio que no inicie esas acciones legales porque considera que el asalto “no fue tanto un acto de violencia como un reflejo de la desesperación que está viviendo este sector en Lorca, y que se puede hacer extensible a todo el país”. El partido ya ha anunciado que no suscribirá una declaración institucional de condena por los altercados que estaba previsto que se leyera en el próximo pleno de la Asamblea Regional y que habían consensuado las demás formaciones.
El presidente de la comunidad autónoma y del PP murciano, Fernando López Miras, ha insistido en condenar los actos violentos, pero ha criticado que el Gobierno local quiera “sacar rédito político” y que esté “fomentando la crispación” al acusar a los populares de instigar la manifestación. El PP, ha insistido, ha condenado los hechos desde el primer momento, por lo que ha reclamado que se deje de hacer “un uso político de esta cuestión violenta”.
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