Luego de la tragedia en el albergue del Institruto Nacional de Migración(INM), donde murieron 40 indocumentados quemados, la Fiscalía General de la República (FGR) logró capturar a dos funcionarios más del organismo a quienes se les responsabiliza de los hechos.
En un sólo día, la FGR cumplimentó tres de las cuatro órdenes de aprehensión solicitadas a un juez federal por este hecho.
A Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Departamento de Recursos Materiales del INM en Chihuahua, quien fue detenido más temprano este jueves, se le unieron Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, y la agente migratoria Cecilia Rivera Tena, los cuales fueron detenidos en un lapso de seis horas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Meza Cumplido fue capturado por elementos de la Policía Federal Ministerial alrededor de las 11:00 de la mañana en Ciudad Juárez, mientras que la agente de migración fue aprehendida en el municipio de Ascensión pasadas las 5:00 de la tarde.
Al trío de funcionarios la Fiscalía les imputa el delito de homicidio y lesiones en contra de las 65 personas migrantes que se encontraban en el centro del INM.
Hasta el momento, el único de los servidores públicos en contra de los cuales el juez giró la orden de aprehensión y que continúa en libertad es el contralmirante en retiro Salvador González Guerrero, quien hasta hace apenas unos días continuaba en funciones como delegado de Migración en Chihuahua.
De manera paralela, la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero informó hoy que ya citó al comisionado del INM, Francisco Garduño, a una audiencia inicial el próximo 21 de abril para que comparezca ante el juez de Control sobre este caso.
En dicha audiencia, a la que tendrá que acudir de manera presencial, la FGR formalizará los cargos y presentará las pruebas en su contra.
La misma situación ocurre con Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, a quien se le citó un día antes para que se presente en los juzgados del Penal Federal de Chihuahua.
A ambos funcionarios, se les acusa de cometer abuso de autoridad al no cumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a los migrantes y a las instalaciones a su cargo.
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