A unas horas de que el gobierno federal diera a conocer los resultados de la investigación en torno al caso de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapan, el ex procurador general Jesús Murillo Karam fue detenido por “desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia”,informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Murillo Karam es el más alto ex funcionario detenido por la desaparición de los estudiantes ocurrida en el estado de Guerrero.
El conocido como caso Ayotzinapa, en el que desaparecieron de manera forzada 43 estudiantes mexicanos en 2014, ha vivido un terremoto político con la captura del responsable de las cuestionadas investigaciones, y la emisión de órdenes de arresto contra 64 militares y policías presuntamente involucrados en el crimen.
Horas después, la FGR ha informado de las órdenes de arresto contra 20 militares y 44 policías, sin precisar su rango y actividad actual, además de otras 19 contra cinco funcionarios estatales y 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del crimen. El abogado de los familiares de los 43, Vidulfo Rosales, ha considerado que la detención de Murillo Karam es “un paso importante”, pero se ha mostrado escéptico sobre eventuales revelaciones del ex procurador.
“Lo que va a hacer el señor Murillo es defenderse, entonces no creo que quiera aportar alguna información”, ha dicho Rosales. Procurador durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), Murillo llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000. Murillo Karam no opuso resistencia y quedará preso en un reclusorio de la capital, señaló la Presidencia. El PRI aseguró que la detención “responde más a un tema político que de justicia”.
La captura se produjo horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera “verdad” y castigo a los responsables de la desaparición de los alumnos, tras la publicación el jueves del reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un “crimen de Estado”.
El documento sostiene que militares y funcionarios, por sus “acciones, omisiones o participación”, permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa y seis personas más a manos del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.
“Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos”, ha añadido López Obrador en Tijuana.
La desaparición de los jóvenes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas. Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100.000 desaparecidos, y generó fuerte condena internacional.
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