Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido detenido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. La captura se produjo el 8 de julio de 2026, a las 17:32 horas, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, tras una denuncia por presunta violencia familiar presentada por su esposa, María Felicia Jiménez Lavie.
La detención, que se realizó en las inmediaciones de un café frente a la calle Monte Albán número 20, ha captado la atención pública debido a la gravedad de las acusaciones y el perfil del detenido. Según el Registro Nacional de Detenciones, Rodríguez Padilla fue asegurado y se encontraba “en traslado” al momento de la consulta.
Todo este proceso se origina tras la presentación de una denuncia por violencia familiar, que Jiménez Lavie interpuso tras la difusión de un video que supuestamente muestra un episodio de agresión ocurrido el 15 de marzo. Según declaraciones de la denunciante, los incidentes de violencia comenzaron en 2022 y se intensificaron cuando Rodríguez Padilla asumió su cargo en Pemex. Además, revela que recibió intimidaciones al expresar su deseo de denunciar estas agresiones.
El 26 de junio, el exfuncionario publicó un posicionamiento en el que anunció su separación de cualquier cargo público, manifestando su intención de enfrentar el proceso “estrictamente como ciudadano”. En dicha declaración, Rodríguez Padilla expresó su deseo de colaborar con las autoridades y su confianza en que la justicia se aplique de manera objetiva y con apego al principio de presunción de inocencia. Además, pidió respeto por la privacidad de su familia, enfatizando el impacto que el proceso podría tener en sus hijos.
Ante la situación, la Secretaría de las Mujeres informó que había establecido contacto con María Felicia Jiménez para ofrecerle apoyo institucional y las medidas de protección necesarias. La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha recalcado que cualquier denuncia de violencia contra las mujeres debe ser investigada conforme a la ley, garantizando así el debido proceso y el acceso a la justicia para las víctimas.
Este caso refleja no solo las complicaciones personales y legales de quienes ocupan altos cargos, sino también la importancia de la atención a las denuncias de violencia, un tema que sigue siendo relevante en la sociedad actual. Con un seguimiento preciso de las investigaciones, se espera que las autoridades actúen con la rigurosidad que el caso demanda.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
