Dos policías municipales en Jalisco fueron detenidos por su implicación en el reclutamiento de jóvenes para grupos criminales, según un comunicado de la Fiscalía estatal. Esta detención se produce casi tres meses después de que se descubriese un rancho en Izaguirre, presuntamente utilizado como un centro de entrenamiento para personas que se unían al narcotráfico.
Los arrestados son efectivos en activo de San Cristóbal de la Barranca y actuaban en complicidad con una mujer. La intervención se originó tras reportes de testigos que indicaron que dos jóvenes, de 17 y 18 años, estaban en una terminal de autobuses, aparentemente a punto de ser reclutados con fines ilícitos. Al llegar al lugar, la policía encontró a los muchachos acompañados de una mujer, quien afirmó recibir instrucciones para entregarlos a los oficiales.
La Fiscalía añadió que tanto la mujer como los policías fueron detenidos bajo cargos de trata de personas. Los jóvenes, originarios del estado de Michoacán, mencionaron haber visto una oferta laboral en redes sociales, lo que los llevó a la terminal. En 2024, medios de comunicación y grupos de búsqueda de personas desaparecidas documentaron 30 casos en dicha terminal, relacionados con jóvenes que acudieron a falsas entrevistas de trabajo.
La participación de policías en actividades delictivas en Jalisco no es un fenómeno aislado, ya que autoridades han reportado casos similares anteriormente. Durante investigaciones vinculadas al rancho de Izaguirre, también había sido detenidos otros exagentes sospechosos de tener relación con este centro criminal.
Jalisco, un estado marcado por la violencia y la criminalidad, lidera las estadísticas de desaparecidos en el país con un inquietante total de 15,000 casos, de un total de aproximadamente 124,000 a nivel nacional, según cifras oficiales.
Esta situación resalta una alarma social que trasciende el ámbito del crimen organizado, colocando en el foco a las instituciones que supuestamente deberían proteger a la ciudadanía, ahora involucradas en actividades ilícitas. La fiscalía continúa las investigaciones, mientras el impacto de estos delitos refleja la necesidad urgente de abordar la seguridad y la protección de los jóvenes en la región.
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