Deuda ambiental de Pemex supera 530,000 millones.

El costo total para desmantelar la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) y limpiar las áreas afectadas por más de un siglo de actividad petrolera podría alcanzar los 532.000 millones de dólares. Este asombroso dato surge de un análisis exhaustivo realizado por Diana Papoulias, doctora en ecotoxicología y exfuncionaria del Servicio Geológico de los Estados Unidos, en colaboración con las organizaciones Lingo, Sostenibilidad Global y Engenera.

El estudio revela la magnitud de la huella ambiental de la industria petrolera en México. En tierra, se contabilizan 29.000 pozos en 22 estados, de los cuales 7.000 están activos. Para transportar sus productos, la red de ductos supera los 68.000 kilómetros, lo que equivale a casi dos veces el perímetro del planeta. En el ámbito marino, la situación es igualmente alarmante, con 291 plataformas, 120 campos que albergan 2.000 pozos y una infraestructura que incluye terminales marítimas y complejos petroquímicos en la costa.

La investigación identifica las principales fuentes de contaminación, que abarcan desde residuos sólidos derivados de las perforaciones hasta derrames de petróleo en el mar y la filtración de contaminantes desde viejas presas de desecho que afectan tanto el suelo como los mantos freáticos. Estos factores, combinados con una supervisión ambiental laxa, contribuyen a un problema ecológico significativo.

La estimación de la deuda ambiental, que se basa en diversos informes y solicitudes de transparencia, fue elaborada meticulosamente. Según Papoulias, se realizó un inventario de los pasivos ambientales, teniendo en cuenta incidentes documentados y otros estudios anteriores. Sin embargo, Pemex ha cuestionado la metodología utilizada y ha afirmado que no puede validar la cifra presentada, citando su provisión ambiental de 10.000 millones de pesos (alrededor de 500 millones de dólares) y una adicional de aproximadamente 115.000 millones de pesos (6.600 millones de dólares) relacionada con el taponamiento de pozos.

El informe pone de relieve una discrepancia preocupante entre las cifras que ofrece Pemex y las estimaciones de académicos, que elevan a 7.200 hectáreas el área contaminada solo en el estado de Tabasco, además de señalar que la Secretaría de Medio Ambiente menciona 166 presas aún pendientes de remediación. Esta discrepancia sugiere que las cifras oficiales podrían subestimar la gravedad del problema.

A través de este análisis, Papoulias enfatiza que existe una oportunidad importante para establecer una economía de la remediación en el país. Este sector se centra en la limpieza y restauración de áreas contaminadas, ofreciendo no solo un beneficio ambiental, sino también la posibilidad de generar empleos para científicos y técnicos, así como para las comunidades afectadas.

La necesidad de abordar la huella ambiental de Pemex es urgente, y el costo de inacción podría ser mucho mayor que el precio de la remediación. En este contexto, el diálogo entre la industria, las autoridades y la sociedad se vuelve crucial para avanzar hacia un futuro sostenible.

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