Día Mundial de las Desapariciones Forzadas en México

Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere especial relevancia en México, país afectado por una crisis que mantiene a miles de familias en una búsqueda interminable. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 3 de junio de 2025 había 128,713 personas desaparecidas, una cifra alarmante que no ha parado de crecer en los últimos años.

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha en diciembre de 2010, comenzando su observancia en 2011. Su objetivo es visibilizar a las víctimas y el profundo impacto que la desaparición tiene sobre sus familias y comunidades. Este año, 2026, también marca el 20 aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, bajo el lema “Las víctimas primero. Acciones ya.” Este lema enfatiza la necesidad de garantizar derechos fundamentales como la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias.

El Informe sobre Desapariciones en México, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero de este año, califica el fenómeno como generalizado y alerta sobre los problemas estructurales que dificultan la prevención y la investigación. La CIDH ha identificado que los estados con mayor concentración de desapariciones son Jalisco, con 15,330 casos; el Estado de México, con 14,048; y Tamaulipas, con 13,471. Además, el informe menciona que, de quienes han desaparecido, el 76.83% son hombres, siendo el grupo de 25 a 29 años el más afectado.

Un aspecto crucial a señalar es que no toda desaparición se clasifica como forzada. La ONU define la desaparición forzada como la privación de libertad llevada a cabo por agentes del Estado o personas que actúan con su consentimiento, seguido por la negativa de reconocer dicha privación. Esto significa que el total de personas desaparecidas en México no necesariamente refleja el número de víctimas de desaparición forzada, ya que existen diversas causas y contextos.

El fenómeno de las desapariciones en México está íntimamente ligado al crimen organizado y, en algunos casos, a la complicidad de agentes estatales. La CIDH recuerda que estas desapariciones no son un problema nuevo, sino que tienen raíces en períodos históricos, como la “guerra sucia,” mientras que las dinámicas actuales están marcadas por la violencia del crimen organizado. En este contexto, el denominado “Corredor del Pacífico” incluye estados donde la incidencia de desapariciones está relacionada con actividades delictivas.

Las familias de las víctimas desempeñan un papel fundamental en la búsqueda de sus seres queridos, enfrentando graves desafíos y riesgos en el proceso. La CIDH ha revelado un déficit de confianza hacia las autoridades, agravado por la falta de resultados concretos. Muchas veces, estas familias se ven obligadas a asumir tareas que deberían ser responsabilidad de las instituciones, lo que refleja la deficiencia de la respuesta institucional ante esta crisis.

A pesar de los avances en la creación de instituciones y mecanismos, la CIDH concluye que persisten obstáculos estructurales que impiden el progreso. Las investigaciones siguen siendo insuficientes y se mantienen altos niveles de impunidad. La identificación forense de cuerpos también deja mucho que desear, con un estimado de más de 70,000 cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, una situación que resalta las enormes dificultades que enfrenta el país.

El 30 de agosto no solo es un día de memoria, sino una exigencia constante de las familias por encontrar a sus seres queridos y obtener verdad, justicia y reparación. Es un recordatorio de que la desaparición forzada no solo vulnera a la persona desaparecida, sino que afecta de manera irreversible a sus seres queridos.

La atención a esta crisis no es solo una responsabilidad estatal, sino también un compromiso humanitario que debe resonar en la conciencia colectiva. En un contexto en el que decenas de miles de personas siguen desaparecidas, la necesidad de actuar con urgencia y de garantizar los derechos de las víctimas y sus familias se vuelve aún más apremiante.

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