La expresidenta peruana Dina Boluarte, quien recientemente fue destituida por el Congreso en un juicio político rápido, ha desmentido categóricamente los rumores sobre una posible solicitud de asilo en el extranjero, a pesar de las serias investigaciones abiertas en su contra. En su primera aparición pública tras su destitución, Boluarte, de 63 años, afirmó desde su hogar en el sur de Lima que las afirmaciones sobre su intención de refugiarse en otro país son completamente falsas.
Este desenlace se produjo en la madrugada del pasado viernes, cuando Boluarte fue removida de su cargo, que había ocupado desde diciembre de 2022. El Congreso, después de evaluar cuatro mociones de vacancia, votó por unanimidad por la destitución basándose en la supuesta “permanente incapacidad moral” de la expresidenta.
Inmediatamente después de perder su fuero, la fiscalía activó dos investigaciones en su contra. La primera indaga presuntos actos de lavado de activos relacionados con su campaña electoral de 2021, cuando se postuló a la vicepresidencia junto a Pedro Castillo. La segunda causa trata de “negociación incompatible” con su cargo. A raíz de estas acusaciones, la fiscalía solicitó a la justicia la prohibición de su salida del país.
Boluarte se defendió ante los medios, enfatizando que no tiene responsabilidad en los casos en investigación y que se siente tranquila en su hogar, asegurando que permanecerá en Perú. En un contexto político tenso, su situación se convierte en el centro de atención mediática, mientras el país se encuentra a la expectativa de los próximos acontecimientos.
La situación de la expresidenta es un reflejo de las complicadas dinámicas políticas en Perú, donde las acusaciones y los juicios políticos han marcado la historia reciente del gobierno. Con un trasfondo de inestabilidad y cambio constante, la historia de Boluarte añade un nuevo capítulo a la narrativa política peruana.
La información presentada es relevante hasta la fecha de publicación original (2025-10-10 17:36:00). En una coyuntura política que sigue evolucionando, el impacto de esta situación puede tener repercusiones en la administración y gobernabilidad del país en el futuro cercano.
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