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Una medida de embargo judicial se realizó este viernes en la sede del periódico El Nacional, ubicada en Caracas. Tras un largo proceso judicial que se prolongó durante seis años, el diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, se hizo con el edificio donde funcionaba uno de los principales medios impresos del país, con 77 años de historia, igualmente de los más críticos del gobierno durante las últimas dos décadas. La medida la terminó dictando el Tribunal Supremo de Justicia, que estableció hace un mes que El Nacional debía pagar los “los daños morales” sufridos por Cabello, a raíz de la difusión que hizo de reportajes publicados en The Wall Street Journal y ABC de España en la que se revelaba que estaba siendo investigado por fiscales estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico. La sentencia ordenaba una indemnización por 13,2 millones de dólares, que el medio se negó a pagar y se procedió al embargo.
Este es el final zarpazo del chavismo a un sistemático estrangulamiento de la prensa independiente de Venezuela. Desde 2018 El Nacional había suprimido su edición impresa por los obstáculos que desde tiempos de Hugo Chávez se han puesto a la compra de papel por parte de medios privados. De ser una empresa de casi mil empleados hace un poco más de una década, con varias marcas de periódicos y revistas y una editorial, en las instalaciones quedaban apenas unas decenas de trabajadores que alimentan el portal web del periódico en una redacción desolada y fantasmal.
En la querella están incluidos el diario Tal Cual —hoy convertido en solo una web— y el portal La Patilla, los cuales publicaron, como muchos otros medios internacionales y agencias, la información del periódico estadounidense, a quien Cabello también intentó demandar sin éxito. Solo con El Nacional ha ocurrido este desenlace, que se suma al exilio en el que vive desde hace cinco años su presidente editor, Miguel Henrique Otero, para evadir la persecución penal por esta misma causa. Por la tarde del viernes, un grupo de funcionarios militares y un juez colocaron en la puerta del edificio el cartel de embargo, al tiempo que el propio Cabello divulgaba el documento en su cuenta de Twitter. “Informo que en horas de la tarde, los tribunales competentes, dentro de los trámites de mi demanda a El Nacional, han ejecutado las medidas de fijación de carteles y notificación de embargo ejecutivo y se ha iniciado el proceso de pago de la indemnización. Nosotros venceremos”, escribió en un tuit. Cabello hizo de esta querella una venganza política. Desde hace años viene amenazando sobre sus planes de quedarse con el edificio, donde asegura que instalará “la Universidad de la Comunicación”.
Este golpe a la prensa crispa el ambiente político en una momento en que factores de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro acordaron iniciar un nuevo proceso de negociaciones, con mediación internacional, para buscar una salida a la prolongada crisis institucional de Venezuela, que mantendrá un levantamiento progresivo de las sanciones condicionado a la democratización del país. En ese contexto ha respondido Otero a lo ocurrido: “Queda demostrado que el dueño de Venezuela es Diosdado Cabello. Los que negocian condiciones están negociando con la persona equivocada, porque el que manda es Diosdado”, dijo en una entrevista al canal colombiano NTN24. Además, el editor denunció los vicios del procedimiento. “No se ha cumplido el debido proceso. Es un atropello que debemos denunciar al mundo entero. Quieren eliminarnos, cerrarnos, que desaparezcamos del mapa”. Hace un mes cuando el Supremo falló a favor de la indemnización a Cabello, Otero había señalado que de ocurrir la toma de las instalaciones continuarían informando a través de su página web.
Entre 2013 y 2018 cerraron 115 medios de comunicación en Venezuela: 41 impresos, 65 emisoras de radio y 8 televisoras, de acuerdo con datos del Sindicato Nacional de la Prensa. Otras organizaciones como el Instituto de Prensa y Sociedad han alertado que al menos 10 estados del los 24 países se quedaron sin periódicos. En una reciente investigación determinaron que al menos 5 millones de venezolanos viven en desiertos informativos, regiones sin medios suficientes para informar a su población. El hostigamiento al ejercicio del periodismo se ha agudizado con bloqueos y ataques a los portales digitales como El Pitazo, Runrunes y Armando.info y con las detenciones arbitrarias de 66 periodistas y trabajadores de medios en 2020, durante el estado de alarma por la pandemia.
La toma del complejo donde funcionaba El Nacional, que dispone de una extensa área de talleres con la enorme rotativa que estuvo encendida hasta hace tres años, ha condenada por varios sectores de la sociedad civil, la cultura, la academia y la política. Juan Guaidó dio su espaldarazo al medio en varios mensajes en sus redes sociales: “No les fue suficiente la censura, negar el papel, la compra de medios por parte de testaferros, la persecución a periodistas y sus directivos. Utilizando a una justicia secuestrada, el régimen arrebata la sede de un medio que lleva más de 77 años informando con la verdad”.
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